El juzgado les programó audiencia de reforma del auto de procesamiento para el próximo 13 de noviembre, confirmó el Ministerio Público. Asimismo, los otros cinco empresarios involucrados en los aportes anónimos a FCN Nación no reportados al Tribunal Supremo Electoral, podrán adherirse a la petición.

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Petición es anterior

Cuestionado sobre la solicitud realizada al juzgado, Arenas  comentó que esta fue planteada antes de que el Congreso de la Republica aprobara las reformas al Artículo 407 N del  Código Penal, que sanciona el financierito electoral ilícito.

“Nosotros solicitamos hace un par de semanas las audiencias, porque desde un principio no hemos estado de acuerdo con el delito que se nos imputa”, aseguró. Además, confirmó que presentaron una apelación en contra del testimonio prestado por la colaboradora eficaz de la fiscalía, Paulina Paiz.

En este sentido, Francisco Gallardo, abogado defensor de Arenas, matizó que está en análisis el delito que se va a solicitar, pero que podría ser encubrimiento. “Todo esto está sujeto a análisis, debido a que no consideramos las reformas aprobadas por el Congreso, pues aún falta la aprobación del presidente”, explicó.

Por su parte, Botrán  declinó hacer comentarios sobre la petición y refirió que sería su abogado defensor quien daría declaraciones.

El caso

Un grupo de siete empresarios fue ligado a proceso penal por presuntamente aportar a la campaña electoral de 2015 del Partido FCN-Nación, que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, de forma anónima.

La investigación del Ministerio Publico (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señaló que supuestamente se otorgó al partido, a través de un grupo de grandes empresarios, más de un millón de dólares de forma irregular.

Las reformas al Código Penal

El pasado 18 de Octubre de 2018, el pleno del Congreso aprobó las reformas al artículo 407 N del Código Penal que habla sobre el financiamiento electoral ilícito y además creó un nuevo delito en el artículo 407 O, con el cual se regulará el financiamiento electoral no registrado, hasta ahora considerado como anónimo. 

Los principales cambios están en quitarle la responsabilidad directa al secretario general de un partido político sobre los aportes, tanto ilícitos o no reportados, y ahora sería quien autorice o reciba los aportes quien enfrente los procesos penales.

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