Los magistrados Ranulfo Rafael Rojas, Aura Marina Guadrón y Hugo Jáuregui decidieron anular la sentencia que el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo emitió el 8 de agosto del año pasado, en la cual declaró que cuatro policías debían cumplir penas de prisión de entre 15 a 33 años y absolvió a otras cuatro personas.

La resolución de la Sala, emitida el pasado 26 de febrero y notificada ayer, indica que debe repetirse el debate con distintos jueces que evalúen de manera eficiente las pruebas de descargo presentadas por Víctor Hugo Soto Diéguez, exjefe del desaparecido Servicio de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).

El exjefe policial impugnó que los jueces Irma Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y Herbie Sical Guerra no hicieron un análisis detallado de las pruebas que él presentó, por lo cual decidieron condenarlo a una pena de prisión, y aseguró que de existir un estudio eficiente, podría ser absuelto.

La decisión de los magistrados no anula la sentencia absolutoria emitida a cuatro acusados, a quienes se declaró inocentes por los cargos de ejecución extrajudicial.

Rojas explicó que al analizar los argumentos de Soto Diéguez y la sentencia del caso, se notó que los jueces del Tribunal B incurrieron en errores de procedimiento que los llevaron a no efectuar un estudio adecuado de las pruebas de descargo, por lo cual debe volver a analizarse el contenido.

Valdés dijo que ayer, a eso de las 12 horas, aún no había ingresado la notificación al Tribunal, pero confirmó que serán otros jueces los que llevarán a cabo el nuevo juicio.

El caso

El caso Pavón surgió por la muerte de siete miembros del comité de orden de la Granja de Rehabilitación Penal Pavón, en Fraijanes, ocurrida el 25 de septiembre del 2006.

El caso permaneció engavetado, hasta que el 21 de junio del 2010 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala decidió reactivarlo y pedir que se asignara al Juzgado de Alto Impacto como encargado del expediente.

Al proceso que contenía la investigación por supuestas irregularidades en el desarrollo del Plan Pavo Real, ejecutado en la cárcel de Pavón, se le agregó el documento que contenía las pesquisas por la muerte de tres reos, que junto a otros 16, lograron fugarse de la prisión de máxima seguridad El Infiernito, Escuintla, el 22 de octubre del 2005. Para recapturarlos se puso en práctica el Plan Gavilán.

La jueza Carol Patricia Flores ordenó la captura de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio del Interior, entre ellos Carlos Vielmann, extitular de la dependencia; Erwin Sperisen, exdirector de la PNC; Javier Figueroa, exdirector de Investigación de la Policía, y Alejandro Giammattei, exdirector del Sistema Penitenciario.

Sentencia

El juicio por el caso Pavón se inició el 23 de mayo del 2013 y se extendió por tres meses, hasta que el 8 de agosto de ese año fue emitida la sentencia.

El Tribunal encontró la responsabilidad de Soto Diéguez, Áxel Arnoldo Martínez Arriaza y Víctor Manuel Ramos Molina, exinvestigadores de la Policía, y Aldo Stéfano Figueroa Díaz, hermano de Figueroa, solo por la muerte de siete reclusos de Pavón.

Edwin Emmanuel Rivera Gálvez, investigador de la Policía; Francisco González Ibáñez y Nicolás Camajá Bach, agentes policiales, y María del Rosario Melgar, exasistente de Víctor Rivera —exasesor de seguridad ultimado—, fueron absueltos.

La muerte de tres reos fugados de El Infiernito quedó impune.