El 6 de junio último el Juzgado de Mayor Riesgo B suspendió la audiencia de primera declaración de más de 30 personas señaladas de estar vinculadas al caso Cooptación del Estado, debido a que no había espacio suficiente para albergar a implicados y representantes legales.

El juez Miguel Ángel Gálvez reprogramó para el próximo lunes la audiencia. Este viernes trascendió que la CSJ dio su consentimiento para celebrar la diligencia en la Sala de Vistas, instalaciones con capacidad para albergar a más 100 personas.

En otras ocasiones la CSJ ha negado el uso de la sala con mayor capacidad de albergar personas. Uno de los casos se dio en el comienzo del segundo debate contra el exjefe de Estado, Efraín Ríos Montt, luego que los querellantes solicitaron usar esas instalaciones debido a la gran afluencia de personas que querían presenciar la diligencia.

También se negó el uso de la sala en el caso de Creompaz. Querellantes también pidieron a la CSJ usar ese lugar, pero no hubo aprobación.

Cooptación del Estado 

El PP utilizó un conglomerado de empresas de Víctor Hugo Hernández, quien era contador de Juan Carlos Monzón, colaborador eficaz en los casos La Línea y TCQ, usados  para lavar dinero y no reportarlo al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La “estructura criminal” del PP, como fue calificada por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, señala que  a la agrupación política mencionada se  le hizo fácil hacerse con el poder  gracias al financiamiento de empresarios de todo tipo.

Según la investigación, los financistas entregaban el dinero a las entidades que los operadores del PP les indicaban, con el conocimiento  de que no recibirían por lo entregado ningún bien o servicio, pues en la mayoría de casos se trataba de firmas de cartón. Los fondos iban a dar a las manos del exbinomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, a través del operador, Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la Vicepresidencia. 

Las empresas de Hernández le entregaban facturas falsas y, en ocasiones, por servicios intangibles y difíciles de rastrear  como “uso de maquinaria por mil horas”, modalidad que se repite constantemente.

Hernández recibía  por los servicios prestados  un pago mensual. Para ello utilizaba las empresas Adinse, HJ&AV, Jayes y Mayfe, entre otras  de  cartón.