El representante de la Fiscalía de Asuntos Internos describió los primeros indicios que sustentan la investigación por posibles nexos entre personal fiscal y agentes policiales con estructuras del crimen organizado.

“Se tuvo información que asignaron en enero a un coordinador de la Fiscalía de Distrito que estaba dividida en delitos contra la vida y delitos comunes según las investigaciones. Pero en mayo la Fiscalía de Asuntos Internos verifica movimientos de personal que no estaba directamente en la unidad de investigación”, dijo el fiscal de Asuntos Internos.

La audiencia tuvo sus momentos tensos, debido a que los defensores intentaron, en vano, que el caso se realizara bajo reserva. Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, rechazó la petición con el argumento que ya no había nada pendiente en cuanto a los cateos, aunque en este caso hacen falta por detener a un abogado y a otro agente de la PNC.

Los señalados

Están detenidos los fiscales Juan Carlos Hun Ical, Jerson Alexander Franco Carrillo, Suleisy Magdalena Gutiérrez, Eddy Enrique Franco Carrillo, Abelino Mateo Nájera, Saidi Leticia Guerra Samayoa, Elser Conrado Mansilla Arrollo y Katy Maritza Hernández Gálvez -quien pretendía salir del país y fue capturada el 8 de diciembre pasado en el Aeropuerto Internacional La Aurora-.

Soborno de Q3 mil

En mayo pasado los fiscales de Asuntos Internos detectan movimientos sospechosos de fiscales. “Específicamente era para favorecerse de beneficios económicos”, se escuchó.

El primero en escuchar la acusación fue Hun Ical, quien era coordinador de la Fiscalía de Chiquimula. “En su calidad de auxiliar fiscal I, con fecha 26 de junio de 2018, se concertó vía telefónica y personalmente con el auxiliar fiscal Elser Conrado Mansilla Arrollo y el policía Osmal Wilfredo Morales Marroquín para iniciar acciones y solicitar una cantidad de dinero para la desestimación de un expediente fiscal”, dijo el representante del MP.

El monto solicitado fue Q3 mil. La negociación la realizó desde su celular. El objetivo era desestimar de un expediente al oficial segundo de la PNC Rudy Abimael Estrada Castro de una investigación.

Un detalle de la audiencia fue que Guerra Samayoa reclamó en el Juzgado que durante el allanamiento le habían arrebatado una tableta que es de su hijo, en donde solo hay juegos. “¿Qué relación tiene? No es posible, nos trataron como delincuentes”, declaró.

Desviación de un caso de asesinato

Otro caso que se conoció fue una reunión que mantuvo Hun Ical con el abogado Arturo Estuardo Berreondo Solares, el 22 de mayo pasado. Ambos decidieron “la salida fiscal” de un expediente a favor del sindicado Ronald Salvador Orellana Orellana. “Se le informó que el caso estaba bajo reserva, lo que fue falso y sirvió para solicitar Q500 mil a cambio de desviar una investigación por asesinato en grado de tentativa en Zacapa“.

El 9 de febrero pasado se investigaba un hecho contra Victor Hugo Castañeda Archila y “se verificó que con malicia” se dejó de promover la investigación objetiva en Zacapa.

También el 5 de marzo último fue asignado un expediente para investigar la muerte de Juan Carlos Lázaro Chávez, el 14 de junio de 2017 en Ipala, Chiquimula. “Con malicia se dejó de promover la investigación”, dijo el representante del MP. En un allanamiento localizaron Q60 mil de lo que se omitió en el informe. Además, compartió información que estaba en reserva.

Homicidio culposo

El MP informó que el 14 de junio pasado fue formulada una denuncia por un proceso de homicidio culposo donde falleció Serbio Isaí Sance Gregorio y quedó herida de gravedad Ana María Leiva durante un accidente en Chiquimula. También Marco Antonio de Jesús Guerra que presentó trauma de cráneo. Los fiscales detenidos omitieron las diligencias en relación a las víctimas y desviaron la investigación para favorecer al responsable y se desestimó el caso el 18 de junio último.

Además, devolvieron un cabezal y un camión con matrículas hondureñas sin cumplir con los requisitos legales y los protocolos debido a que se omitieron los peritajes.

Sicariato

Un caso por el que fueron acusasos los fiscales de Chiquimula es el asesinato Darwin Armando Martínez que fue atribuido a Luis Cerezo Guerra, apodado “Loroco”. Según el fiscal Cerezo integra una estructura de sicarios de la cabecera de Chiquimula.

Los fiscales encarcelados “le proporcionaron información del expediente” para que se enterara si había orden de captura en su contra y se dejó de realizar el peritaje balístico a pesar de haber contado con la autorización judicial. El crimen sucedió el 9 de abril pasado. Los fiscales acordaron recibir Q3 mil para favorecer al “Loroco”.

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