La acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad fue presentada por Alfonso Carrillo Marroquín, Alfonso Carrillo Montiel y Helen Mach Chang, que ven en la Corte Suprema de Justicia, un retraso sin justificación en el nombramiento del Juez Pesquisidor que conocerá el antejuicio contra Barquín, vinculado a una red de lavado de dinero y financiamiento político con recursos ilícitos.

La acción busca que la CC “cumpla con su función esencial de defensa y el orden constitucional” y se ordene a la CSJ que se designe al Pesquisidor en un plazo no mayor de 24 horas.

Se denuncia a la CSJ de violación a los artículos 1, 2, 203 y 154 de la Constitución Política y el 19 de la Ley de Materia de Antejuicio.

La acción de amparo ante la CC coloca como terceros interesados al Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Édgar Barquín, entonces presidente del Banco de Guatenala, está vinculado a una red de lavado de dinero y financiamiento de partidos políticos con dinero, supuestamente del narcotráfico, liderada por Francisco Morales Guerra, conocido como “Chico Dólar”.