Aunque la Gremial de Operadores de Telefonía asegura que ya están instalados los aparatos para evitar que salgan llamadas desde las  22 cárceles del SP y cuatro correccionales de la SBSP, solo funciona el 90 por ciento porque varios penales no cuentan con conexión eléctrica.

En esa situación se encuentran los centros de privación de libertad de menores en conflicto con la ley penal y tres cárceles penitenciarias. Los empresarios afirman que ya está todo listo y solo falta subir el flipón para que funcionen los equipos, pero Gobernación y la SBSP aún no autorizan la conexión.

En los penales habilitados en terrenos del Ejército no se permitió instalar bloqueadores porque afectarían la comunicación militar.

En el resto de cárceles, los operadores de telefonía utilizan tres tipos de tecnología para bloquear la señal. Sin embargo, las autoridades temen que los reclusos utilicen tecnología satelital al verse incomunicados. Eso ocurrió en Honduras cuando se implementó un sistema similar, indicaron.

Los empresarios indicaron que personal  ha sido amenazado y han averiado vehículos en los alrededores de algunas cárceles.

Otro problema que afrontan es que les piden bloquear la señal en las carceletas de la Policía Nacional Civil, pero la Ley no lo establece porque no son del SP.

A diferencia de otras cárceles del país, las antenas bloqueadoras de señal de telefonía en la Granja Penal Cantel, en Cantel, Quetzaltenango, no funcionan y “cualquier persona puede hablar por teléfono”,  dijo Angélica Marín, quien llegó a visitar a un familiar   y habló por celular  antes de ingresar.

Difiere

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo vía telefónica que aún  falta trabajar para completar la instalación de los bloqueadores.
En cuanto a la  conexión eléctrica, expuso: “No es que no les demos energía, es responsabilidad de ellos —empresarios— colocar la infraestructura para llevar la electricidad. La Ley dice que ellos son responsables de la parte técnica”.

Aseguró que las cárceles en sedes militares no tienen bloqueadores, por seguridad nacional.

Expresó: “Por cuidar una cárcel con 15 gentes bajo control no es necesario. Ahí no salen extorsiones ni órdenes de asesinato, y se controlan de otra forma. No se puede aceptar ese tema”.

El director del SP, Anthony Pivaral, aseguró que hay voluntad para implementar la restricción de llamadas en cárceles.

“Nosotros no tenemos   inconveniente para autorizar tecnologías de restricción”, dijo Hugo Rodríguez, portavoz del Ministerio de la Defensa.-Con información de Manuel Hernández y Edwin Pitán

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Molestia

Vecinos se quejan por falta de servicio

Pobladores de las cercanías de las cárceles de El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa;   la de Santa Cruz del Quiché, Quiché, y  la de Chimaltenango se quejan porque desde diciembre afrontan problemas con la señal de sus teléfonos móviles.

Residentes de áreas aledañas al Boquerón  están preocupados porque no pueden hacer llamadas de emergencia, pero sí han visto a policías y soldados hablar por teléfono en las afueras del penal. Algunos de estos explicaron que solo se deben buscar los puntos donde la señal es más fuerte.

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En Quiché, los servicios de teléfono e internet son irregulares, por la cercanía a la cárcel. Los perjudicados, incluidos  varios abogados, dicen que el problema comenzó el 22 de diciembre último. “Vivo a cinco cuadras, y no puedo hablar con mis clientes por la falta de señal”, dijo un profesional del Derecho.

Un día después se dio la misma situación en Chimaltenango. Los afectados consideran que de nada sirve que bloqueen la señal de celulares si no retiran un teléfono monedero que se encuentra en la cárcel.

“No estamos en contra de la antena que ubicaron, pero debería bloquear solo el perímetro del centro carcelario. No es posible que limiten a la ciudadanía y los presos tengan un teléfono monedero en el interior para seguir cometiendo sus fechorías”, expresó una comerciante.-Por O. Cardona, J. Rosales, C. Ventura y O. Figueroa

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Por medio de videoconferencia, un colaborador eficaz que relató cómo se integró a una red que extorsionaba desde la cárcel de máxima seguridad el Infiernito, en Escuintla, la cual era dirigida por Rigoberto Morales Barrientos, alias Rigorrico.