En la continuación de la diligencia el Ministerio Público (MP) sigue con la imputación de delitos a siete de los apresados. Al principio la fiscalía sindicó a Carlos Garavito Morán de dos delitos relacionados con la desaparición de siete personas.

Después fue el turno de José Antonio Vásquez García, quien integró la Sección de Inteligencia Militar. El MP lo señala de ocho desapariciones. 

Luis Paredes Nájera, segundo comandante de la antigua Zona Militar Número 21, entre 1981y 1982, también fue imputado por los mismos delitos.

El viernes recién pasado el MP sindicó a Ismael Segura Abularach, Carlos Rodríguez López, Byron Barrientos, Manuel Benedicto Lucas García —exjefe del Estado Mayor de la Defensa y hermano del expresidente Fernando Romeo Lucas García—, Pablo Saucedo Mérida, Juan Ovalle Salazar y César Ruiz Morales.

Según la fiscalía ellos cometieron delitos de lesa humanidad y desaparición forzada, en hechos ocurridos entre 1981 y 1988 en la antigua Zona Militar 21, ubicada en Cobán, Alta Verapaz, antes conocida como Base Militar Coronel Antonio José de Irisarri.

Abusos

El MP asegura que los sindicados tenían puestos de mando en las fuerzas castrenses y no evitaron los abusos cometidos por la tropa contra población civil no combatiente durante los operativos contrainsurgentes en Alta Verapaz.

La investigación de la fiscalía determinó que a la base militar fueron llevadas 558 personas.

 Durante las exhumaciones se localizaron 83 fosas que contenían 503 osamentas y 55 partes óseas.

Al momento se ha identificado a 87 víctimas por medio de pruebas de ADN extraído de los huesos, el cual ha sido comparado con el perfil genético de familiares.