Guatemala

Lanzan sistema integrado para buscar la eficacia de la justicia

Varias instituciones y entidades lanzaron este lunes el Sistema Integrado de Justicia (SIJ) con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia, articular la planificación y la asignación presupuestaria y lograr una cobertura territorial de todas las entidades.

Esta articulación busca erradicar las prácticas que mantienen la impunidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Esta articulación busca erradicar las prácticas que mantienen la impunidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Esta iniciativa, impulsada por el Organismo Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuenta con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).


Este espacio brindará asesoría especializada e información de “alta calidad” para la toma de decisiones conjuntas de todas las entidades que conforman el sector justicia para aumentar la eficacia, garantizar la consecución de las sentencias, reducir la mora penal y judicial y dar salidas positivas a las víctimas.

El fin último es erradicar las prácticas que mantienen la impunidad en el país y fortalecer el Estado de Derecho.

Como parte de este proyecto, se creó un sistema informático con la capacidad de “desplegar información interinstitucional y medir los indicadores de eficiencia, eficacia e impunidad” en todos los municipios del país desde todos los delitos entre 2008 y 2016.

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“Guatemala cuenta ahora con información precisa sobre el funcionamiento del sistema judicial”, dijo la Cicig en sus redes sociales.

Recientemente la Corte Suprema de Justicia dio a conocer dos iniciativas de ley que permitirían atacar el litigio malicioso y lograr acelerar los procesos que se conocen en los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo trabajan los magistrados de la CSJ. 

Uno de los proyectos es la ley de casos de tramitación compleja, cuyo objetivo es que los procesos de competencia ampliada, conocidos como de mayor riesgo, se conozcan en un distinto proceso penal, alejado del que actualmente se da en los juzgados de primera instancia.

La reforma también contempla cambios al Código Procesal Penal, para evitar que los sindicados retrasen los procesos a través de acciones que no siempre son procedentes, como lo que ha sucedido con la exvicepresidenta Roxana Baldetti o la magistrada separada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling, por ejemplo, que recusan a los jueces o no se presentan a las audiencias aduciendo problemas de salud.

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