Sospechas sobre  irregularidades, sobrevaloración en los servicios e incumplimiento de los compromisos de  las empresas contratadas  son causales de que el programa de  videovigilancia, a cargo del Ministerio de Gobernación y con gastos cercanos a los Q1 mil 600 millones,  haya fracasado  de manera acelerada en los últimos ocho  años.