“La mayoría son establecimientos privados de la zona 13 y Ciudad Quetzal”, informó Francisco Rivas, ministro de Gobernación.

El jefe de la cartera del Interior evitó más detalles sobre el riesgo que corren las personas que trabajan en esos lugares.

Rivas aclaró que los extorsionistas buscan en estos centros educativos a autoridades administrativas y  profesores, no alumnos o sus padres, como se sospecha que ocurría en la Jocolates, Chinautla.

Las autoridades aún desconocen cuál de los dos grupos de pandillas, Mara Salvatrucha o Barrio 18, que operan en el país, es la que está pidiendo el dinero. 

El ministro de Gobernación agregó que por el momento no han recibido denuncias de colegios, escuelas públicas o institutos de Jocotales, Chinautla, lugar afectado por las extorsiones.

Modo de operar

Rivas explicó que a diferencia de la forma que exige la extorsión a dueños y operarios del transporte público, a través de teléfonos celulares que los delincuentes entregan a sus víctimas, los extorsionistas llaman directamente al centro educativo o entregan notas escritas con amenazas.

“El actuar delictivo no es algo nuevo, es similar a los que han atacado a los  comerciante y tiendas, sin embargo la diferencia es que en lugar de entregar un teléfono, ellos llaman a los números directos, ya que conocen los lugares porque los han estudiado”, declaró.

Aseguró que en la actualidad atienden 200 escuelas con programas de prevención con ayuda de la Policía Nacional Civil (PNC), enfocados no solo en alejar a los niños de las pandillas, sino involucrando a líderes comunitarios.

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Rivas hizo referencia que en Jocotales se ha diseñado un plan operativo de emergencia con todos los directores y los integrantes de  supervisión del área por los últimos acontecimientos, sin especificar de qué se trata.

Las declaraciones de Rivas fueron emitidas durante la firma del convenio de seguridad aduanera entre el ministerio de Gobernación y R. Gil Kerlikowske, Comisionado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (EE.UU.).

El objetivo del tratado es intercambiar información necesaria para identificar a posibles viajeros de alto riesgo, que puedan intentar perjudicar a personas y bienes materiales de Guatemala y EE. UU. o de alguna manera poner en peligro la seguridad.

Rivas detalló que la suscripción del convenio es una manifestación del esfuerzo y de relación que existe entre ambos países y que a través del Ministerio de Gobernación se enlazan esfuerzos con el gobierno de EE. UU. en beneficio de ambos pueblos.

“Buscamos más seguridad y unimos esfuerzos comunes en contra de la delincuencia organizada de carácter internacional, que le quita la tranquilidad y la paz a la población”, concluyó. 

Apoyo en temas de Seguridad Fronteriza es una muestra del trabajo conjunto de los #EEUU con @GuatemalaGob pic.twitter.com/pAurrxrmb3

— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 22, 2016

Un nuevo plan

Óscar Hugo López, ministro de Educación, detalló  a Prensa Libre, vía telefónica, que las acciones de los extorsionistas en Jocotales han generado temor en la población, y eso ha llevado a que los progenitores tomen la decisión de retirar a sus hijos de los centros educativos.

A raíz de esa situación instruyó a la Dirección Departamental Norte para que elabore un plan emergente que permita a los estudiantes continuar con sus clases. Indicó que puede ser a distancia o bien un mecanismo para asignar tareas.
Otra de las acciones incluye facilitar a los estudiantes su traslado a otras escuelas.

“Ya dí las instrucciones para que le den seguimiento al tema y que se garantice a los niños la posibilidad de ser aceptados en otras escuelas, en caso que  no deseen seguir ahí”, señaló el ministro.

También mencionó que recientemente se lanzó la aplicación Vozapp, para que maestros, familiares de estudiantes víctimas y amigos de los escolares puedan hacer las denuncias de violencia dentro de las escuelas o de situaciones de riesgo, y así crear una alerta temprana.