De esa cuenta tomó un nuevo giro el proceso penal abierto contra los militares, a quienes el Ministerio Público (MP) acusa de haber sido los supuestos autores de la muerte de mil 771 pobladores de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, Quiché, área conocida como Triángulo Ixil.

El Tribunal tomó la decisión después de que la Sala Primera de Apelaciones del ramo Penal le trasladó el expediente del caso para que se diera el debido trámite a una recusación que Ríos Montt presentó en contra de Barrios y Xitumul.

De manera extraoficial se supo que el expediente que contiene la acusación en contra de Ríos Montt y de Rodríguez Sánchez ya fue remitido a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio.

Esa instancia debe determinar la validez de la excusa de los juzgadores y el eventual cambio de tribunal que se encargaría del debate por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, en el caso de aceptar los argumentos de Barrios, Xitumul y Bustamante para dejar de conocer el caso.

Fraude de ley

Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), explicó que el Tribunal le notificó de su decisión a esa entidad, por medio de una llamada telefónica.

“Nosotros asistiremos a la sede del Tribunal, para que se nos notifique por escrito y así podamos conocer cuáles fueron las razones por las que los jueces pretenden apartarse del caso”, dijo Reyes.

Indicó que la secretaria que llamó a Caldh le informó que el Tribunal dejó sin efecto todas las actuaciones procesales desde el 19 de abril, tal y como lo estableció la Corte de Constitucionalidad (CC) en resolución del 20 de mayo.

“Esos procedimientos se han dado de una forma eminentemente ilegal, pues la decisión de la CC carece de fundamentos de derecho”, expresó Reyes.

De la misma forma se manifestó Francisco Vivar, representante legal de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), que calificó de fraude de ley el fallo del tribunal constitucional.

“Estamos en una crisis jurídica provocada por la CC. Ningún tribunal puede tomar un debate cuyo trámite se encuentra a medias. Tampoco se puede decir que el juicio haya sido anulado y que se deba reiniciar, porque no hay una sola sentencia que así lo indique”, dijo Vivar.

Se intentó obtener la opinión de Orlando Salvador López, fiscal de Derechos Humanos, pero no fue posible porque no contestó a las llamadas a su celular.

Acción pertinente

El abogado Jaime Hernández Zamora, defensor de Ríos Montt, dijo que la decisión de excusa de los jueces “es una acción pertinente”, pues de esa forma se dará”sanidad” al proceso.

“Por dignidad procesal, los juzgadores tuvieron que apartarse del caso desde el principio. No era necesario esperar a que pasaran tantas cosas que pusieron en duda su imparcialidad”, expuso.

Hernández Zamora explicó que hoy se presentará a la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo y Extinción de Dominio, donde entregará un memorial en el cual se acepta la decisión de los jueces.

Juicio agitado

El debate en contra de Ríos Montt y de Rodríguez Sánchez se inició el 19 de marzo de este año. Ese día, el abogado Francisco García Gudiel recusó a Barrios y a Xitumul, luego de argumentar que era enemigo de uno y amigo de otro.

El Tribunal rechazó la acción del profesional y determinó expulsarlo de la sala de audiencias, pues consideró que sus alegatos fueron falsos.

El 11 de abril, el tribunal constitucional amparó a Ríos Montt y ordenó que el Tribunal de Mayor Riesgo aceptara las pruebas de descargo.

Una semana después, el Juzgado Primero A de Mayor Riesgo determinó anular las actuaciones procesales a partir del 26 de noviembre del 2011, cuando la jueza Carol Flores fue separada del proceso. El fallo fue emitido el 18 de abril último.

Ese día los defensores de los generales abandonaron la sala de audiencias donde se desarrollaba el debate, pues afirmaron que la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal había otorgado un amparo provisional a Ríos Montt y ordenaba suspender el juicio.

El 19 de abril, el Tribunal rechazó el fallo de Flores y suspendió el debate hasta que se resolviera la situación en que quedaba el proceso, y calificó de ilegal el fallo del Juzgado de Mayor Riesgo.

Al día siguiente, la Sala Tercera confirmó el amparo a Ríos Montt y ordenó que el debate fuera suspendido hasta que se tramitara la recusación que él interpuso contra Barrios y Xitumul.

El 10 de mayo, el Tribunal condenó a Ríos Montt a 80 años de cárcel y absolvió a Rodríguez Sánchez.