Las investigaciones que permitan establecer el origen del bien y la procedencia de los fondos con el que fueron adquiridos, construidos, remodelados, entre otros aspectos, continúan en desarrollo, lo que no ha permitido que 21 bienes inmuebles sean despojados a el expresidente Otto Fernando Pérez Molina y la exvicemandataria Ingrid Roxana Baldetti Elías.

Las primeras medidas cautelares fueron decretadas el 25 de mayo de 2015, como consecuencia de un caso penal denominado La Línea, el cual dejó al descubierto el presunto pago de coimas por favorecer a una supuesta red dedicada a la defraudación tributaria.

Actualmente se encuentra en la etapa final el juicio por el caso penal que acusa a 30 personas, en el que desde el banquillo de los acusados Pérez Molina y Baldetti han afirmado ser inocentes.

Según consta en el expediente número 01175-2015-00029 aún se encuentran pendientes de extinguirse 13 fincas vinculadas a Ingrid Roxana Baldetti Elías y 8 fincas relacionadas a Otto Pérez Molina, entre estás se destacan unas extensas propiedades que colindan y se ubican en Tecpán y Zaragoza, en Chimaltenago.

Lo complejo de las investigaciones es que la mayoría de las propiedades están registradas a nombres de unos 23 representantes legales de empresas, así como de Mariano Paz Montes, cónyuge de Baldetti y Humberto Mata, según consta en el expediente al que Prensa Libre tuvo acceso, algunos terrenos fueron adquiridos por un valor de entre Q2 mil y Q3 mil, y son investigados desde junio del 2016.

Las pesquisas emprendidas por parte de la Unidad de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) llevaron a los investigadores a determinar que Pérez Molina y Baldetti no siempre acreditaban a sus nombres las propiedades adquiridas.

La mayoría de bienes relacionadas a Baldetti Elías están a nombre de la empresa Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado, Sociedad Anónima (Liseag). El portal Guatecompras fue consultado por investigadores en marzo de 2016 figuraba que el representante legal de la entidad es Ervin Estuardo Aguilar González.

Sin embargo, cuando la fiscalía detectó a la empresa, en agosto de 2015, figuraba como su representante legal Víctor Hugo Hernández, supuesto testaferro de Baldetti.

Pérez Molina también recurrió a sociedades anónimas para registrar sus propiedades a nombre de la empresa Vista Servicios Electrónicos, S.A.

De los bienes

El 12 de junio de 2015 también fue embargada una residencia de descanso vinculado a Roxana Baldetti Elías, la cual se ubica en el condominio Marina del Sur, en el Puerto de San José, Escuintla; posteriormente se adhirió a la investigación cuatro propiedades más, dos ubicadas en la zona 5 de la ciudad e igual número en Mixco, Guatemala.

Mientras que algunas residencias se vinculan con el exmandatario Otto Pérez Molina, 6 fincas conforman una extensa propiedad denominada Finca La Montana, ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, la misma tiene un valor de Q 16 millones aproximadamente. También se encuentra en proceso de investigación dos propiedades más, una de ellas ubicada en San Cristóbal, zona 8 y otra en la zona 10 de Mixco.

También fueron embargadas 17 cuentas bancarias en quetzales, cinco en dólares y tres plazos fijos, así como el decomiso de siete cheques de caja.

Una de las sentencias más recientes que dictó el Juzgado de Extinción de Dominio fue el 9 de febrero de 2022, al declarar con lugar la expropiación de 11 bienes inmuebles vinculados a Roxana Baldetti, lo cuales pasaron a favor del Estado. La extinción consistió en 3 oficinas y 8 parqueos, en edificio de la zona 15 y  20 bienes muebles valorados en por lo menos 895 mil dólares.

Mientras que el 4 de febrero de 2021 fue despojada una bodega ubicada en la zona 5 de la ciudad, con un valor aproximado de Q2.8 millones y nueve bienes muebles (equipo de alta gama para taller de mecánica y enderezado y pintura) valorado en Q1.1 millones.

De los procesos penales

El 16 de abril de 2015 salió al descubierto el caso denominado La Línea, una supuesta estructura criminal dedicada a defraudar al fisco, el 17 de enero de 2022 se inicio el juicio por este caso y se encuentra en etapa final.

El 15 de abril de 2016, un día después de que Juan Carlos Monzón fuera aceptado como colaborador eficaz, implicaron a Pérez Molina y Baldetti Elías en el proceso anómalo de usufructo en la Empresa Portuaria Quetzal para favorecer a la empresa de capital español Transportes de Contenedores Quetzal.

El 2 de junio de 2016 surgió el caso Cooptación del Estado, en el que se señala al exbinomio Presidencial de liderar una estructura que capturó a varias instituciones del Estado con el fin de enriquecerse de manera ilícita.

El 9 de octubre de 2018, el Tribunal C de Mayor Riesgo dictó una sentencia de 15 años y 6 meses contra la exvicemandataria Roxana Baldetti, falló que actualmente no está firme por diversas impugnaciones.

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Además, Baldetti es requerida por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, EE.UU., señalada de haber recibido más de US$250 mil del cartel mexicano los Zetas, cuando fue candidata del extinto Partido Patriota.

¿Cómo surge la investigación?

Según consta en el expediente judicial, las averiguaciones surgieron luego de que el actual presidente Alejandro Eduardo Giammattei Falla presentará una denuncia para que se investigará parte del patrimonio del exbinomio Presidencial, la cual fue promovida el 15 de mayo de 2015, en su calidad “de ciudadano y preocupado por los recientes acontecimientos” se lee en la acción.

En una parte de la denuncia detalla las propiedades a investigar, las cuales son 8 fincas vinculadas a Baldetti Elías, en Tecpán y 6 fincas relacionadas a Pérez Molina en Zaragoza, residencias con jurisdicción en Chimaltenango; las cuales no han sido extinguidas desde hace 87 meses. Dicha demanda forma parte de los medios de prueba en la carpeta judicial.

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