Cada vez que se acerca una nueva elección, salen a la palestra candidatos y partidos políticos que prometen reactivar la pena de muerte en Guatemala. Pocas veces explican cómo lo harán y siempre ignoran que, jurídicamente, esta propuesta no es viable.

El próximo proceso electoral arrancará en enero del próximo año. Mientras tanto, ya han surgido bancadas en el Congreso de la República y algunos políticos que se perfilan como eventuales candidatos a la presidencia que promueven aplicar la pena capital contra personas que comentan delitos graves.

En los últimos años esta propuesta es impulsada por grupos políticos conservadores y con esto buscan mitigar los crímenes contra la vida. Sin embargo, Edgar Celada, analista en temas de seguridad, afirma que instaurar la pena de muerte no tiene efectos positivos en la paz de un territorio. Al contrario, significa un retroceso en políticas de seguridad.

“Está demostrado que quitar la vida a criminales, incluso confesos, no desestimula a otros criminales. Lo que necesita el país es una reforma en su sistema de justicia para erradicar todo tipo de impunidad, no solo en los homicidios. Se deben desarrollar técnicas de investigación para desarticular a bandas criminales”, dijo Celada.

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El artículo 41 del Código Penal de Guatemala establece que son “penas principales” la muerte, la prisión, el arresto y la multa. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró inconstitucional todos los casos en que este castigo se podía aplicar. Actualmente, no hay ningún delito para el cual se aplique la pena de muerte.

Desde el Organismo Legislativo, algunos congresistas impulsan iniciativas con el fin de revertir esta situación, pero esto no es posible debido a sentencias que ha emitido la CC y a compromisos internacionales que asumió el Estado de Guatemala desde 1978.