Para desalojarlos, militares y policías irrumpieron en la embajada de España desatando un incendio.
“Repudiamos las malas intenciones de la Junta Directiva del Congreso y de diputados sin escrúpulos que buscan aprobar una amnistía general para todos los criminales responsables de las graves violaciones a los derechos humanos”, señalaron un centenar de organizaciones en un comunicado.
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Las entidades firmantes demandaron al Congreso “suspender inmediatamente” la discusión de la iniciativa de ley, que el 17 de enero último pasó en primera de tres lecturas.
El proyecto implica derogar varios artículos de la Ley de Reconciliación Nacional, entre ellos uno que dejó fuera de la amnistía para insurgentes y militares los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
De aprobarse las reformas, la ley obligaría al sobreseimiento y la liberación de las personas que cumplan condena o estén siendo procesadas por delitos de lesa humanidad, en su mayoría miembros de las fuerzas armadas.
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“Estamos aquí en este histórico lugar (…) para honrar a las víctimas de la embajada de España, para honrar a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Guatemala y también para honrar la verdad”, dijo durante el acto Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz 1992.
“Decimos no a la impunidad”, agregó Menchú en referencia al proyecto de ley.
Entre las víctimas mortales de la matanza en la embajada figuran Vicente Menchú, padre de Rigoberta, Jaime Ruiz del Árbol, cónsul español; Eduardo Cáceres, vicepresidente de la República, Adolfo Molina, canciller.
En la incursión militar sobrevivió Máximo Cajal, entonces embajador español, quien falleció en 2014. Aquel día, el único de los ocupantes indígenas rescatado con vida, Gregorio Yujá, fue posteriormente secuestrado del hospital y su cadáver lanzado en el campus de la Universidad de San Carlos.
En 2015, un tribunal condenó a 90 años de prisión por la matanza a Pedro García Arredondo, exjefe de la desaparecida Policía Nacional.
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