Según el expediente 01076-1998-00704, Zapata se enteró de las irregularidades, por su cargo al frente de la SIB, pero no hizo nada para evitar la estafa a más de 12 mil clientes del banco, la cual dejó Q1.8 mil millones en pérdidas.
El desarrollo del proceso ha sido entrampado por más de 12 acciones legales presentadas por Zapata, la cuales están encaminadas a evitar que un juez lo indague por la sindicación en su contra.
Piden traslado
El documento se tramita en el Juzgado Duodécimo Penal, donde ayer el Ministerio Público pidió que el caso sea trasladado al Juzgado A de Mayor Riesgo, para agilizar las diligencias del proceso.
López explicó al juez José Blanco que la Cámara Penal unió todos los casos relacionados con la quiebra del BC y ordenó que fueran conocidos por la jueza Carol Flores.
El abogado del ex superintendente, Víctor Batres de León, solicitó a Blanco que rechace la solicitud de la Fiscalía porque el delito de incumplimiento de deberes no está contemplado en la Ley contra la Delincuencia Organizada ni en el acuerdo que dio vida a los juzgados de competencia ampliada.
Representantes de las víctimas le explicaron al juzgador que en la sentencia dictada contra Manuel Roberto Segovia Olivotto, ex vicepresidente del BC, se ordenó investigar si Zapata incurrió en otros delitos.
“La demanda por incumplimiento fue hecha cuando era funcionario. Pero ahora se debe determinar si hubo estafa, lavado de dinero o intermediación financiera, entre otros”, dijo la abogada de los agraviados, María Estrada.
López explicó que la Fiscalía investiga la posibilidad de que parte del dinero se encuentre en Alemania y Austria.
Crónica de los hechos
El ex superintendente de Bancos fue denunciado porque se presume que sabía que había irregularidades en las finanzas del desaparecido Banco de Comercio.
La Junta Monetaria suspendió las actividades del BC el 12 de enero del 2007.
El argumento para tomar esa medida fue la insolvencia de la entidad bancaria.
La investigación por la quiebra del banco indica que durante 10 años trasladó el dinero de sus clientes a la off shore —entidad fuera de plaza— Organizadora de Comercio.
La denuncia contra Zapata fue planteada en el 2008, en la cual se le imputaban delitos de incumplimiento de deberes y omisión de denuncia.
Zapata dejó el cargo el 2 de marzo de ese año, al aducir un común acuerdo con las autoridades de gobierno de ese entonces.
Entre el 2004 y el 2008, Zapata dirigió la SIB.
El exjefe de la SIB intentó que el proceso en su contra fuera tramitado en un juzgado de Paz Penal porque los delitos contemplan penas menores a cinco años de prisión.
La Corte de Constitucionalidad resolvió el 1 de julio del 2012 que Zapata debía ser procesado por incumplimiento de deberes en un juzgado de Instancia Penal, y por omisión de denuncia en uno de Paz.
