Las reformas al Código Penal, la creación de albergues de atención, el endurecimiento de las medidas precautorias por parte de los jueces son algunas de las soluciones que las organizaciones de mujeres han propuesto, tanto a los diputados como a los funcionarios del gobierno saliente, para evitar las muertes.

¿Se puede prevenir la muerte de una mujer a manos de su pareja? Si se tienen en cuenta las características de estos casos, sobre el papel, son los más fáciles de evitar y de investigar.

Según las organizaciones de mujeres, las autoridades saben quién es el agresor, existen pruebas evidentes del maltrato, hay testigos que confirman los hechos, la muerte viene precedida de ataques periódicos, muchas veces denunciados… Pero el sistema de justicia no funciona.

Jaime Alberto Pineda, parricida confeso, había intentado matar a su mujer dos veces, antes de tener éxito, el pasado 10 de diciembre. Su esposa, en proceso de divorcio, había denunciado el caso al Ministerio Público y a la Fundación Sobrevivientes. El juez había dictado una medida de alejamiento y ordenado la protección de la vivienda de la víctima.

¿Cómo se podía haberse evitado que Pineda asesinara a su mujer y a su hija mayor en su propia casa? Si el juez hubiera dictado el arresto del agresor, si la orden de alejamiento se hubiera cumplido, si la Policía le hubiera dado protección a la casa y si el Estado hubiera proporcionado a la mujer y a sus hijos un lugar donde resguardarse.

Hilda Morales, del Grupo Guatemalteco de Mujeres, afirma que es necesaria una campaña de sensibilización dentro de los propios trabajadores de justicia, para que entiendan que es necesario aplicar medidas preventivas más drásticas.

En el 2001 se presentó la iniciativa de ley 2630 para reformar el Código Penal y conseguir tipificar como delito la violencia intrafamiliar. Seis años después la propuesta sigue engavetada en el Congreso. ?Los diputados se limitan a aprobar puntos resolutivos condenando hechos violentos puntuales, pero no quieren aprobar las reformas?, dijo.

De acuerdo con Morales, los jueces y los policías juegan un papel decisivo en la protección de las mujeres. ?Si el juez dicta una medida de protección, la Policía tiene que cumplirla, y si no es así, debe haber sanciones?, expresó.

Asimismo apuntó que las resoluciones judiciales deben ser más coercitivas. ?De acuerdo con la peligrosidad del agresor, debería establecerse también la obligación de que los victimarios pasaran a firmar al tribunal o se le decretara arresto domiciliario?, añadió la activista.

Instituciones

La víctima no es la única que tiene la responsabilidad de denunciar, también los centros de salud, las escuelas o los médicos particulares deberían tener la obligación de informar a las autoridades de posibles víctimas de maltrato, tanto mujeres como menores.

Presupuesto

Para la protección de las mujeres es imprescindible la creación de albergues en los que puedan refugiarse junto con sus hijos. El Ministerio de Gobernación dejó establecido que del presupuesto para la prevención de violencia se destinarán Q8 millones para estos centros.

Consejos

Algunas propuestas son:

Coordinar con las organizaciones de la sociedad civil para el apoyo emocional y legal.

Remitir a los agresores a programas de rehabilitación.

Campaña masiva de sensibilización, apoyándose también en el Ministerio de Educación.

Modificación del Código Penal, para tipificar como delito la violencia intrafamiliar.