Ayer la caravana llegó a Ixtepec, en un cruce de caminos ferroviarios donde cientos de emigrantes -en su mayoría centroamericanos- abordan La Bestia, el nombre con el que se conoce al tren de carga que atraviesa México y en el que viajan como polizones rumbo a la frontera con Estados Unidos.

Unas 600 personas participan en esta nueva etapa de la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta y periodista Javier Sicilia, que en junio había realizado otro recorrido similar hacia la frontera norte con Estados Unidos.

Sicilia visitará en Ixtepec el Albergue Hermanos en el Camino, dirigido por el sacerdote católico y activista por los derechos de los emigrantes Alejandro Solalinde, que ha sido víctima de amenazas por grupos armados por sus denuncias sobre los constantes ataques a indocumentados.

En una veintena de vehículos la caravana partió el viernes de Ciudad de México y tras recorrer la costa del Pacífico se internará en la frontera sur con Guatemala para llegar al poblado de Tecún Umán y luego regresará a la capital atravesando estados con costa sobre el Golfo.

En Tecún Umán, los dirigentes del movimiento mexicano se entrevistarán con delegados de organizaciones que agrupan a los familiares de emigrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala que han sido víctimas de graves abusos en México.

“Tenemos que pedir perdón por todos los ultrajes que han recibido los migrantes desgraciadamente en nuestro país“, explicó Sicilia a periodistas   antes de iniciar la movilización.

A su reingreso el jueves a territorio mexicano la caravana atravesará por San Cristóbal de las Casas y Ocosingo en el estado de Chiapas  (sureste) , donde Sicilia anunció que está dispuesto a reunirse con el subcomandante Marcos, líder de la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional  (EZLN) , alzada en armas desde 1994, aunque inactiva militarmente en los últimos años.

Cada año miles de emigrantes, unos 160 mil, según el gobierno y más de 400 mil según reportes de organizaciones no gubernamentales, se internan en México para tratar de llegar a Estados Unidos.

En su ruta son agredidos por grupos criminales que en ocasiones cuentan con la colaboración de autoridades, según investigaciones que realiza la fiscalía.

A los robos, secuestros y violaciones se suman además las matanzas realizadas por grupos armados como Los Zetas que, según denuncias, han optado por asesinar a aquellos emigrantes cuyas familias no pagan el rescate exigido.

En agosto del año pasado, 72 emigrantes de cinco países centro y suramericanos fueron asesinados por un comando de Los Zetas en un rancho del pueblo de San Fernando  (noreste), a 160 km de la frontera con Estados Unidos.

Un informe de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos estimó en febrero que unos 11 mil 300 emigrantes clandestinos fueron secuestrados entre abril y septiembre de 2010.

Por nacionalidades, de esas 11 mil 333 víctimas de secuestro 44.3% son hondureños, 16,2% salvadoreños y 11,2% guatemaltecos.

Amnistía Internacional denunció a fines de agosto el fracaso del plan lanzado por el gobierno mexicano tras la masacre de San Fernando para proteger a los emigrantes. “No hay pruebas de que la implementación de esa política ampliamente publicitada haya tenido un impacto“, sostuvo esa entidad.