Durante una audiencia previo a anunciar el fallo el juez afirmó que el Gobierno de EE. UU. no ofreció ni “una chispa de evidencia sobre la idoneidad del sistema de asilo en Guatemala”, por lo cual, entre otras razones, expuso que la medida de la administración Trump “es probablemente inválida porque es inconsistente con las actuales leyes de asilo”.
Ya en el fallo, en una de sus referencias, se explica que “mientras que la Regla —medida que negaba el asilo— afirma que México tiene un ‘régimen de protección robusto’, no llega a ninguna conclusión sobre Guatemala, y el registro administrativo no contiene información sobre el sistema de asilo de ese país”.
Tigar, además, calificó de “arbitraria y caprichosa” la disposición de negar asilo a las personas que lleguen a la frontera sur y no hayan solicitado esa protección previamente en otro país, lo que en la práctica era acabar con la posibilidad de solicitarlo, sobre todo para los centroamericanos.
El juez llegó más lejos al señalar que ni siquiera se ha probado la idoneidad del sistema de asilo mexicano y dio crédito a las publicaciones de medios de comunicación que han contado múltiples historias de solicitantes de asilo que ya devueltos al lado mexicano de la frontera, han sufrido vejámenes a manos de delincuentes.
En algunos casos, las denuncias incluso están dirigidas contra los propios funcionarios mexicanos, por ejemplo, de que cobran cierta cantidad a los migrantes para ponerlos en los primeros puestos de las solicitudes para que sean atendidos antes.
La decisión judicial reemplaza un fallo anterior también del miércoles 24 de julio que dejaba en pie la medida de Trump, en una momentánea victoria para del mandatario.
No se debe firmar acuerdo
Sectores sociales en Guatemala coinciden en que implícitamente la resolución del juez de San Francisco es una orden al Gobierno de EE. UU. de no negociar un acuerdo de tercer país seguro con su par guatemalteco, y que el fallo da la razón a las organizaciones humanitarias que han afirmado hasta la saciedad que el país no tiene la capacidad para recibir a solicitantes de protección.
El secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana, Juan Luis Carbajal, afirmó que la resolución del juez Tigar está en sintonía con lo que ha manifestado esa organización en el sentido de que “Guatemala no se puede convertir de un día para otro en un tercer país seguro”.
“Tenemos la verdad en la boca cuando decimos que el sistema de asilo no funciona porque tenemos las pruebas en la mano”, afirmó Carbajal, en referencia a que de más de 400 solicitudes de asilo que ha recibido el Instituto Guatemalteco de Migración desde el año pasado no ha resuelto ninguna.
Para Carbajal, la resolución judicial debe ser “escuchada” por los poderes de Guatemala, sobre todo por el presidente Jimmy Morales y el ministro de Gobernación Enrique Degenhart quienes han insistido y negociado el acuerdo; además, el fallo se convierte a su vez en un argumento para la Corte de Constitucionalidad (CC) con el cual pueden afirmar que no solo ellos lo dicen que el país no puede convertirse en un tercer destino seguro para solicitantes de asilo.
El analista en temas migratorios Pedro Pablo Solares considera que Tigar bloqueó la resolución de Trump porque, al pretender el Gobierno de EE. UU. enviar a solicitantes de asilo a Guatemala no se cumple el principal objetivo de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 que es garantizar el bienestar de aquellos que solicitan refugio.
Por su parte, Manfredo Marroquín, uno de los interponentes del amparo mediante el cual la CC ordena que cualquier convenio internacional debe ser aprobado por el Congreso, expuso que ambos mandatarios, Trump y Morales, están en un callejón sin salida con resoluciones judiciales emitidas por impulsar una medida “sin sentido político, legal ni humanitario”.
Para Marroquín, firmar un acuerdo para convertir a al país en un tercer destino seguro para migrantes, era una “irresponsabilidad”, por lo cual, considera que el juez Tigar evaluó antes de resolver evaluó si Guatemala tenía la capacidad de cumplir el convenio.
Agregó que el juez dice tuvo que haber resuelto con base a que EE. UU. no puede renunciar a su obligación de recibir solicitudes de asilo para trasladarlas a otro país.
“No solo es que Guatemala no tenga la capacidad, sino que EE. UU. es signatario de los convenios internacionales de asilo y uno no puede, como que fuera un título de carro, trasladar el asilo a otro país”, añadió Marroquín.
Más reacciones
Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu en inclés), organización que presentó la demanda, se mostraron satisfechos tras ser notificados del fallo judicial.
“El tribunal reconoció, como lo hizo con la primera prohibición de asilo, que la administración de Trump estaba intentando un fin ilegal en torno a las protecciones de asilo promulgadas por el Congreso”, expuso Lee Gelernt, parte del equipo legal que trabajó en el caso.
Por su parte, Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales, expuso que “el tribunal decidió correctamente que décadas de la ley de asilo de EE. UU. impiden que esta administración intente negar las protecciones generales a través de esta regulación arbitraria y precipitada”. Añadió que la la aplicación de las leyes de asilo salvan vidas de refugiados vulnerables que huyen por la inseguridad de sus países de origen.
Melissa Crow, abogada supervisora principal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center afirmó: “ El fallo es una victoria importante para las personas y familias increíblemente vulnerables de los países centroamericanos que buscan refugio en nuestro país”, por lo cual “continuaremos luchando contra esta política draconiana”.
Tema de campaña
El asilo y la migración en sí han sido de los temas favoritos del presidente estadounidense desde que asumió la presidencia de EE. UU. en enero del 2017; y, de acuerdo con expertos, no dejará de hablar de él puesto que confía en que le de los réditos políticos suficientes para lograr su reelección en el 2020.
Trump ha probado varias medidas para desincentivar la migración irregular, como separar a padres de sus hijos menores de edad tras cruzar la frontera o devolver a México a solicitantes de asilo a la espera de que se resuelvan sus casos lo que le ha generado múltiples críticas.
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