“Hemos recibido, hasta hoy, 189 solicitudes por los tres países, principalmente enfocadas en los menores de edad salvadoreños”, dijo Hantak, funcionario del programa de refugiados del Departamento de Estado de EE.UU. para Latinoamérica y el Caribe.

En concreto, 154 de esas solicitudes están relacionadas con niños que se encuentran en El Salvador, otras 28 con menores de Honduras y 7 relativas a Guatemala.

El programa busca proporcionar una alternativa a la inmigración ilegal para aquellos padres que están en EE.UU. y temen por la seguridad de sus hijos en Centroamérica, y evitar una nueva oleada como la que en 2014 llevó a miles de niños de esos tres países a cruzar ilegalmente la frontera sur del país norteamericano.

“El propósito del programa de reunificación familiar es ofrecer un mecanismo de migración ordenada y segura para que esos niños no estén pensando en hacer ese viaje caótico, peligroso e irregular hacia la frontera estadounidense”, explicó Hantak.

Proceso de solicitud

La llegada de los primeros niños a Estados Unidos bajo este programa no puede esperarse hasta al menos finales de este año, dado que el plazo estimado desde que los padres hacen la solicitud hasta que el Departamento de Estado permite viajar al menor con estatus de refugiado es de “entre nueve y doce meses”, según Hantak.

Ese largo proceso comienza con la solicitud del padre o madre, que debe ser mayor de 18 años de edad y residir de forma legal en EE.UU., y que tiene que acudir en persona a una de decenas de agencias especializadas que se citan en la página web del programa, www.wrapsnet.org/camprogram.

Entre las siete categorías de residencia legal que se aceptan en el programa se encuentra el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a miles de inmigrantes de El Salvador y Honduras, y el programa de 2012 conocido como DACA, que suspendió las deportaciones de miles de jóvenes indocumentados.

El programa también podría beneficiar en un futuro a quienes tengan algún hijo en el norte de Centroamérica y se hayan acogido al programa DAPA, anunciado en noviembre y que permitirá suspender la deportación de los padres de residentes legales permanentes.

El programa es gratuito y los solicitantes no necesitan un abogado, pero sí deben pagar de su bolsillo la prueba de ADN que exige el Gobierno para comprobar la paternidad del menor, aunque se les reembolsará por ello si los resultados son positivos.

El siguiente paso son entrevistas al menor en su país de origen por parte de funcionarios estadounidenses asesorados por la Organización Internacional de Migración (OIM) y, si se aprueba la solicitud, el niño debe pasar por “chequeos médicos y de seguridad y una orientación cultural” antes de viajar a EE.UU., resumió Hantak.

Si obtiene el estatus de refugiado, el niño “tiene el derecho” a un “estatus de residencia permanente legal y, después de cinco años, normalmente puede solicitar la ciudadanía” estadounidense, agregó.

El programa se ajusta a la definición de refugiado bajo la ley estadounidense, por la que los beneficiarios deben “demostrar que se les ha perseguido o temen que se les persiga debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o condición de miembro de un grupo social particular”, según un documento de la iniciativa.

Por tanto, no hay garantías de que se conceda refugio a todos los niños que huyen de los altos índices de violencia en la región o de su falta de oportunidades de desarrollo económico, consideradas las principales causas de la migración a Estados Unidos.

Entrada condicional

Si se les deniega la condición de refugiado, algunos de los menores pueden obtener una “entrada condicional” al país, lo que les permite acceder a Estados Unidos por un periodo determinado de tiempo -dos años con posibilidad de renovación en la mayoría de los casos- pero no les proporciona una vía hacia la residencia permanente.