Si es reelegido para un segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicará una política migratoria aún más dura que la de sus primeros cuatro años en la Casa Blanca, con límites al asilo y castigo para las ciudades “santuarios”, según Stephen Miller, su principal consejero en inmigración.

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En una entrevista con la cadena de televisión NBC, Miller señaló cuatro prioridades en la futura política migratoria de Trump: límites al asilo, penalizar a las ciudades que amparen a los inmigrantes indocumentados, seguir recortando las visas para ciertos viajeros, y nuevas restricciones a las visas de trabajo.

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“En muchos casos, la solución a los problemas del sistema de inmigración y el restablecimiento de algún grado de sensatez en los programas de inmigración requieren reformar las reglas“, aseguró Miller, e indicó que esos cambios no requieren la aprobación del Congreso.

En materia de inmigración, “el Congreso ha delegado muchas atribuciones” al Poder Ejecutivo, agregó.

Miller dijo que a Trump le gustaría ampliar a todo el mundo el tipo de acuerdos para “compartir las cargas” firmados con Honduras, Guatemala y El Salvador, por los cuales las personas que procuren obtener asilo en EE.UU. han de aguardar en otros países el curso de sus trámites.

“Si uno creara asociaciones seguras con terceras partes, en otros continentes y otros países y regiones, tendría la capacidad de compartir la carga de los solicitantes de asilo sobre una base global”, añadió.

Bajo un programa de este tipo, denominado Memorando de Protección de Migrantes (MPP, en inglés), desde comienzos de 2019 Estados Unidos ha enviado a México a decenas de miles de hombres, mujeres y niños, en su mayoría centroamericanos, que llegaron a la frontera y se presentaron a las autoridades pidiendo asilo.

En cuanto a las ciudades cuyas autoridades locales que se niegan a colaborar con las federales en materia de inmigración, conocidas como “santuarios”, Miller dijo que “habrá un gran contraste con una acción realmente agresiva”.

Trump dará impulso a un proyecto de ley del senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, que impondría castigos a las jurisdicciones que otorguen santuario e “ilegalizará la práctica” del amparo a los indocumentados.

Por décadas, demócratas y republicanos en el Congreso han sido incapaces de llegar a un acuerdo para la reforma integral del régimen de inmigración y, como resultado, hay en el país aproximadamente 12 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de ellos totalmente establecidos ya, con familias y negocios.

El presidente demócrata Barack Obama hizo campaña en 2008 prometiendo una legislación de inmigración pero, aunque contó con mayoría en ambas cámaras del Congreso en los primeros dos años de su presidencia, no impulsó una reforma integral del sistema.

El republicano Trump, quien ha llevado adelante una política agresiva contra los inmigrantes, paradójicamente se opone al llamado E-Verify, un sistema que requiere que los empleadores verifiquen la situación inmigratoria de los empleados que contratan.

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