Durante una rueda de prensa en la sede de la Procuraduría de Derechos Humanos, el grupo integrado por 31 organizaciones, fijó su posición sobre el tema migratorio y la vigencia del Código de Migración aprobado en octubre de 2016.

Migrante

Jacobo, el guatmalteco de 21 años que confesó traficar heroína.

Las organizaciones de sociedad civil recibimos y documentamos constantemente los casos de abusos en personas migrantes que usualmente sufren durante su trayecto o en puntos fronterizos (oficiales y puntos ciegos), explicó el texto.
Según el documento, en la mayoría de los casos las personas migrantes han sido víctimas de robo, extorsión y amenazas, y en casi su totalidad acusan de esos hechos a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

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Agregó que la implementación del Código Migratorio tiene pocos avances y que un ejemplo claro lo constituyen los casos de solicitudes de asilo que están pendientes de revisión desde abril pasado y tienen en un “limbo” con la población.

En opinión del Grupo Articulador, el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua) es “inoperante” porque el Congreso aún no selecciona a las personas que estarán al frente de este organismo.
Las organizaciones pidieron al Ministerio de Gobernación y a la PNC, que implementen un mecanismo de “monitoreo in situ” y que apliquen severas sanciones a los agentes que busquen beneficiarse de los migrantes.

Sin precisar cantidad, demandan una respuesta” ágil y efectiva” a las solicitudes de asilo que no se han resuelto.
El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, explicó que junto a sus homólogos de Centroamérica” estaremos trabajando de forma conjunta por los derechos humanos de los migrantes“.

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Aseguró que los migrantes” son personas no solo cifras frías” y que garantizar sus derechos será una prioridad de la Procuraduría, ya que los menores no acompañados son los más expuestos a peligros como la trata de personas.