Salomón Diego Alonzo se encuentra recluido en el Centro Correccional de Richmond, en Monroe, Luisiana, desde el pasado 7 de agostos, cuando oficiales del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), llevaron a cabo una serie de redadas en procesadoras de pollo de seis ciudades de Misisipi.
Desde entonces, Angelina y su pequeña hija, Jessica, han vivido pendientes de la situación migratoria de Salomón quien se ha negado a firmar su deportación voluntaria porque tiene la esperanza de quedarse en EE. UU., pero desde la semana pasada viven con una preocupación adicional: su esposo dio positivo al nuevo coronavirus.
Vía telefónica, Angelina contó como desde entonces los días, tanto para ella como para su hija de 9 años, se han llenado de angustia y ansiedad. Narró que Salomón comenzó a tener síntomas de covid-19 desde el pasado 7 de abril; sin embargo, fue la semana pasada cuando comenzó a empeorar y ya para el jueves, la última vez que habló con él por teléfono, se sentía muy mal.
“Me dijo, ‘me duele la cabeza, el cuerpo, tengo escalofríos, siento un calor en el pecho y no puedo respirar’. Eso me preocupó mucho porque también me decía que no le daban ninguna medicina”, exclamó Angelina.
Aunque en el video clama por la liberación de su esposo, también ruega por que le den atención médica, ya que, de acuerdo con lo que platicó con él, este fue apartado a un área oscura junto con otra persona más que aparentemente también tenía el virus.
A pesar de que estaba muy mal de salud, Salomón debió comparecer a su audiencia migratoria vía telefónica que tenía el pasado jueves, la cual se suspendió porque le costaba responder por la falta de capacidad aérea de sus pulmones.
Ese día fue llevado a un hospital donde se encuentra en intensivo, aunque su salud mejora poco a poco.
Le manda dinero
Para sobrevivir, Angelina cuida a dos niños, trabajo por el que le pagan US$150 a la semana. De estos se queda con US$50, US$95 los deposita a una tarjeta de crédito que su esposo tiene derecho a utilizar en prisión y la cual se gasta al hablar por teléfono o comprar alimentos en una tienda que es administrada por la cárcel.
Los restantes US$5 los paga como comisión por el derecho que Salomón tiene de utilizar la tarjeta.
La prisión en la que se encuentra este guatemalteco de 26 años ha sido señalada en el pasado de malos tratos por parte de organizaciones humanitarias. Según el sitio oficial de ICE, 20 internos han dado positivo al covid-19.
Tortura psicológica
La organización humanitaria Misisipi Resiste ha seguido de cerca los señalamientos de malos tratos que hay en contra de esta cárcel, los cuales, afirma, tienen el objetivo de desesperar a los migrantes para que se rindan a continuar sus procesos migratorios judiciales y terminen por firmar su salida voluntaria.
“Torturan a la gente emocional y psicológicamente en cuanto a su posibilidad de salir de la cárcel, les dicen que van a salir si cumplen con pagar una fianza o si no son un peligro para la comunidad, pero al final se la niegan al 99 por ciento de la gente y pasan meses para ello”, asegura Tristan Call, voluntario de esa organización.
Para el activista, ICE tiene la discreción de si libera a una persona o no, pero no lo hace, considera, porque la prisión está administrada por una compañía privada que recibe entre UU$80 y US$100 por noche por cada preso que permanece en las instalaciones.
Agregó que el 90 por ciento de los ahí internos cumplen con los dos requisitos de ICE para salir; es decir, pagar una fianza y no ser un riesgo para la comunidad.
Call afirmó que la desesperación que atraviesan los presos en esa cárcel causó que un cubano se suicidara el año pasado y otros cinco reclusos más intentaran hacer lo mismo. “Es algo generalizado en todas las cárceles de Estados Unidos, pero es peor en las de Luisana”, comenta Call.
Entre otras violaciones a los derechos de los migrantes ahí recluidos, denunció que cuando han ocurrido brotes de viruela y sarna para controlarla han rociado con químicos a los internos sin el consentimiento de estos e incluso sin ropa. Además, que los despiertan a las 2 o 3 de la madrugada para darles el desayuno.
Sin capacidad
Call expuso que dicho centro de detención no tiene la capacidad de atender a enfermos de covid-19, por lo cual Misisipi Resiste exige que todos los presos, contagiados o no, sean liberados.
“Si no sueltan a más gente alguien más va a morir. Ya han reconocido -el centro de detención- que tiene 17 casos de infectados de coronavirus y hay cientos que están expuestos, porque no hay manera de prevenir a los que no tienen la enfermedad o de cuidar a los que la tengan”, aseveró.
En cuanto al caso de Salomón, Call precisó que se recupera en un hospital después de haber desarrollado neumonía, pero si no lo hubieran trasladado “hubiera muerto”. Añadió que el migrante guatemalteco tendría que ser enviado a su casa al salir del centro asistencial.
En la cárcel, añadió, solo cuentan con un área tipo búnker donde encierran a los sospechosos, lo cual sería una sentencia de muerte dado que la mortalidad del virus es hasta de 10 por ciento, pero afecta a los más vulnerables.
Situación lamentable
El diputado Mario Ernesto Gálvez, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso, lamentó la situación de la familia guatemalteca la cual, considera, se replica en decenas, tal vez cientos más.
Agregó que el consulado que corresponda debe asistir a Alonzo legalmente y hacer todo lo posible para que al salir del hospital no regrese a prisión, por lo cual se deben gestionar la petición apelando a razones humanitarias.
“De hecho, yo he escuchado que ahora es el momento para hacer un llamado para pedir el TPS (Estatus de Protección Temporal), habría que hacer el intento”, añadió el legislador.
El congresista Aldo Dávila, integrante de la misma comisión, también lamentó la situación y coincidió en que el Estado de Guatemala debe dar acompañamiento legal, psicológico y económico a la familia puesto que a la mujer le cuesta obtener ingresos y parte de lo poco que gana lo debe enviar a su esposo.
“Es lamentable y doloroso esta división de familias. La gente no se va porque quiere, no dice ‘me quiero ir a pasear’, sino porque en su país no encuentra las oportunidades de vida”, enfatizó.
Una historia de miles
La historia de Angelina y Salomón es un ejemplo de los miles de casos que han ocurrido en los últimos años en Guatemala, donde el padre de familia ha migrado a EE. UU. y con los años lo siguen su esposa e hijos.
Angelina contó que se casó con Salomón hace 10 años. Ella vivía en Nentón, Huehuetenango, pero se fue a vivir con él a una aldea de San Mateo Ixtatán, también municipio huehueteco. Tuvieron a su única hija y hace siete migró hacia EE. UU.
El año pasado Angelina decidió que era el momento de que ella y su hija se reunieran con su esposo. Fue así como viajó al norte y el 9 de abril logró llegar a Misisipi. La alegría les tardó solo unos meses porque en agosto Salomón sería detenido.
La Cancillería guatemalteca informó que el consulado en Houston lleva el caso, y que Salomón tiene un “pronóstico favorable”. Actualmente sigue un trámite de asilo y tiene una audiencia el próximo 28 de abril.
“Se está solicitando que por razones humanitarias, a su salida del hospital pueda ser enviado a su casa para pasar su proceso de recuperación y continuar su trámite migratorio”, puntualizó la oficina de Comunicación.
