“Nuestros estándares no han cambiado, Estados Unidos continúa adjudicando las solicitudes y dando visas como siempre”, aseguró el funcionario estadounidense quien se encuentra en Guatemala como parte una gira de trabajo cuyo fin es reducir la migración ilegal hacia ese país.

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Advirtió que si alguien quiere entrar ilegalmente por los puertos de entrada que no son los normales pueden ser juzgados y enviados de vuelta a Guatemala.

A pesar de la advertencia, el funcionario informó que, en los últimos 12 meses, EE. UU. ha extendido 86 mil visas de turismo y de estudio, 16 mil de inmigrantes (personas que viajan con la intención de vivir) y siete mil para trabajos temporales.

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No obstante, advirtió que cada solicitante debe ser responsable de otorgar información verdadera cuando llena la solicitud. “Revísela, sea honrado y revele toda la información importante ante el oficial de visado, lea las instrucciones con mucho cuidado”, añadió.

Reiteró el llamado de no utilizar a terceros para tramitar el documento.

“Recomendamos a los solicitantes no pedir ayuda a agentes para sacar el visado, no aceptar que nadie les pida un pago para solicitar la visa, el trámite es en línea y el único pago que se requiere es un banco”, enfatizó. 

Pese a que medios en EE. UU. y migrantes guatemaltecos que radican en ese país han confirmado que los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) han endurecido las entrevistas a las personas que pretenden ingresar con visa a ese país, Risch indicó que no conoce que existan cambios en la forma de hacer las entrevistas.

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Lucha contra la corrupción

Durante la conferencia de prensa el funcionario estadounidense reafirmó que su país “apoya fuertemente la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala”, aunque no sea una causa directa del aumento de la migración ilegal, puesto que “hay muchas razones”. 

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Constantes visitas

Risch es el sexto funcionario estadounidense que vista Guatemala en este año, y el cuarto en un lapso de apenas un mes.

El 26 de febrero vino el subsecretario del Departamento de Agricultura Ted McKinney, para un foro con empresarios guatemaltecos.

Nikki Haley, embajadora permanente de EE. UU. ante las Naciones Unidas estuvo en Guatemala el 28 de febrero. Durante su estadía se reunión con el presidente Jimmy Morales y el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez.

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El 28 de junio estuvo por unas horas el vicepresidente Mike Pence, quien se reunió con los mandatarios de El Salvador, Honduras y Guatemala. La cita se produjo en medio de la crisis por la separación de familias y una creciente migración indocumentada hacia aquel país.

El 10 de julio, la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kirstjen Nielsen, conocida como el rostro visible de la política tolerancia cero de Donald Trump, vino a Guatemala y en una reunión con los cancilleres de este país, de México, El Salvador y Honduras reiteró el llamado que el vicepresidente Pence había hecho solo unos días atrás de que si los centroamericanos quieren viajar a EE. UU. lo hagan de forma legal.

Dos días después, el 12 de julio, Kisten Madison, subsecretaria adjunta para Asunto Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, vino al país y sostuvo reuniones con el titular de la Cicig, y la fiscal general, María Consuelo Porras.

La semana siguiente los embajadores de los mismos países sostuvieron una reunión con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional en Washington, D. C. como seguimiento a los puntos acordados en la reunión de Guatemala.

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Refuerza interés en la región

Estados Unidos ha incrementado sus esfuerzos por fortalecer su presencia en la región. A la problemática del alza de la migración se suma la crisis política de Nicaragua.

El pasado 19 de julio, Todd Robinson, un vasto conocedor de la región y exembajador en Guatemala, fue nombrado consejero especial del Departamento de Estado, apenas horas después de su nombramiento ofreció una conferencia de prensa en donde condenó las políticas represivas del gobierno de Daniel Ortega contra sus opositores en Nicaragua.

También mostró su respaldo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala a quien garantizó el respaldo económico de su gobierno.

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