El principio legal de debido proceso establece que el Estado tiene que respetar el derecho de las personas a unas garantías mínimas para que el resultado de un proceso judicial sea justo y equitativo, un precepto que incluye el derecho de las personas a comparecer ante un juez.
En Estados Unidos, cuando los inmigrantes son detenidos por su estatus legal, tienen derecho a comparecer ante un magistrado, que decide si deben ser expulsados o, si por el contrario, pueden permanecer en el país porque tienen derecho a tramitar una petición de asilo.
Las declaraciones de este domingo de Trump suponen un paso más en sus duras propuestas contra la inmigración irregular.
En abril, su gobierno implementó una política de “tolerancia cero” con la inmigración ilegal, que lleva a procesar criminalmente a los adultos que llegan irregularmente al país, algo que antes no se hacía y que originó la separación de los niños de sus padres cuando estos eran privados de libertad.
Ante las fuertes críticas que generó esa separación, Trump se vio obligado el miércoles a firmar un decreto en el que ordenaba el fin de la división de familias, pero en el que establece que a partir de ahora los menores deberán ser encerrados con sus padres mientras estos se enfrentan al proceso para ser deportados.
Actualmente, en Estados Unidos, los niños no pueden ser privados de libertad durante más de 20 días, pero el gobierno de Trump ha pedido a la Justicia que amplíe ese límite.
El Gobierno dice que ya ha reunido con sus familiares a 522 niños inmigrantes, aunque dos mil 53 menores siguen recluidos, según datos publicados anoche por el Departamento de Seguridad Nacional.
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