El arrendamiento de este equipo es por 48 meses, según el sistema Guatecompras, en el que también se menciona que la actividad principal de esa empresa es proveer soluciones en telecomunicaciones con tecnología de punta. El representante legal es Mario Roberto Jop del Pina, y la empresa fue constituida el 13 de julio del 2010.

Contradicción

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que no se ha efectuado ninguna adjudicación y el proceso aún se analiza.

Aseguró que todo se trató de un error administrativo de la PNC, que subió esa información porque el evento le pertenece a esa dependencia.

“Hay errores administrativos en el manejo de información hacia el portal de Guatecompras. No es error de la junta. Tengo que conocer todo el proceso y las fallas”, aseguró el funcionario. Agregó que el análisis de esta situación podrá llevarle hasta cinco días, ya que aún tomará decisiones.

Este equipo, que en el contrato es descrito como “sistema de transmisión de video en tiempo real en vehículos para uso de la Policía”, tiene como función captar la fotografía de la placa de un vehículo sospechoso y enviarlo a una base de datos para saber si está solvente o tiene orden de captura, entre otras funciones.

Fase viciada

Óscar Vásquez, de Acción Ciudadana, experto en transparencia,  expuso  que el  proceso por el cual se están adquiriendo las cámaras ha sido ilegal desde el  principio, debido a que las bases del concurso siempre han estado dirigidas a la empresa que aparece en el portal Guatecompras.

“Ahora existe una contrariedad de parte del ministro en cuanto a que no se realizó  la adjudicación,  pero de igual forma  el proceso debe ser anulado e iniciarse uno nuevo  porque  se cerró en menos de  dos horas,   y hay mucho que analizar”, expresó.