La abogada Ástrid Lemus Rodríguez explicó a Prensa Libre que el contrato fue suscrito en el 2000 por el entonces fiscal general Adolfo González Rodas y la empresa Tres Torres, S.A., por un monto de Q30 millones.

El contrato establecía el equipamiento de 21 fiscalías, así como de otras sedes del MP, además de las licencias y capacitación del personal.

Sin embargo, cuando Carlos de León Argueta asumió como fiscal general, en mayo del 2002, se negó a pagar y fue cuando se promovió una demanda por la vía civil contra el MP.

El 18 de noviembre del 2004, Tres Torres cedió el contrato a Globalcorp International, S.A., que actualmente es la entidad reclamante.

Condena

El 5 de noviembre del 2008, la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo condenó al MP a pagar Q100 millones 229 mil 76.28 y a que devolviera el equipo.

Explicó que los intereses mensuales ascienden a Q1.5 millones que se suman a lo adeudado desde que se emitió la sentencia.

Desde esa ocasión, el ente investigador ha presentado una serie de recursos para no pagar la deuda.

“Dinero tienen… pero con trampitas —recursos legales— siguen alargando el caso, y esa es la tónica que han seguido todos los fiscales”, expresó Lemus Rodríguez.

El abogado Guillermo Putzeys, representante de la fiscal general, Claudia Paz y Paz, indicó que el MP puede hacer uso de los recursos legales que la ley permite.

“El interés —del tercero interesado, Globalcorp International, S.A.— es evitar a toda costa que el MP utilice los recursos legales de cualquier persona para defender sus intereses”, expresó el jurista.

Este caso se encuentra en la Corte de Constitucionalidad, donde ayer se celebró una vista pública por la apelación del amparo otorgado al MP el 31 de octubre del 2012 por la Sala Tercera del ramo Civil.