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Muertes por caso Pisa subirían a 70

Más de tres meses después de que se rescindiera el contrato entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la farmacéutica Pisa, los pacientes siguen padeciendo las consecuencias del tratamiento de diálisis peritoneal que consideran deficiente.

Pacientes y familiares de quienes fallecieron debido a infecciones buscan justicia en tribunales en el caso que se sigue por el contrato entre el IGSS y Pisa.

Pacientes y familiares de quienes fallecieron debido a infecciones buscan justicia en tribunales en el caso que se sigue por el contrato entre el IGSS y Pisa.

Hasta el viernes de la semana pasada, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) registró la muerte de 36 personas a causa de peritonitis —infección en la cavidad abdominal—, pero existen otros 34 pacientes que siguen en grave riesgo.

La deficiencia en el plan educacional de la empresa es lo que, según el IGSS, pudo haber incrementado los casos de infección y esta fue la causa por la que fue cancelado el contrato.

Por el negocio anómalo entre el IGSS y Pisa, 23 personas fueron capturadas y ligadas a proceso, entre ellas los miembros de la junta directiva y trabajadores de la institución, así como personeros de la farmacéutica.

En riesgo

Zulma Calderón, supervisora de Hospitales de la PDH, aseguró que llegaron a contar 135 pacientes renales afectados de peritonitis, de los cuales 90 no pudieron ser estabilizados, por lo que fue necesario trasladarlos a hemodiálisis.

Calderón explicó que este es un tratamiento más agresivo e invasivo, lo que incrementa el riesgo para el paciente. Actualmente se cuentan 34 pacientes en estado delicado.

El peligro aumenta, según la profesional, cuando los afectados viven en la provincia y necesitan viajar a la capital para recibir el tratamiento, que además implica que estén conectados a una máquina durante tres a cinco horas, tres veces a la semana.

Entre estas historias trágicas son representativas las de Ricardo Tepaz, originario de Suchitepéquez, cuya familia tenía que gastar hasta Q900 por cada traslado a la capital, ya que era necesario contratar una ambulancia o algún tipo de transporte que facilitara el recorrido.

Después de varios meses de tratamiento, Tepaz fue enviado a una unidad de Mazatenango, en el mencionado departamento, pero a las tres sesiones falleció, por lo que su lugar fue cedido a otro enfermo renal, también afectado por el contrato con Pisa.

Responsables

Calderón considera que el IGSS debería hacerse responsable del transporte, alimentación y viáticos de estos pacientes, pues su situación se debe a una medida tomada por esa institución.

“Pero a los pacientes no se les autoriza el transporte ni viáticos, y tampoco autorizan el traslado a unidades en los departamentos, donde el tratamiento sería más cercano”, aseguró.

La experta reiteró que el problema no terminó con el traslado de algunos enfermos a la empresa que prestaba el tratamiento anterior a Pisa, pues la calidad de vida de quienes ahora deben someterse a hemodiálisis es menos favorable y se encuentran en peligro.

Familiares de fallecidos por causas que se atribuyen al tratamiento de Pisa son querellantes adhesivos en el juicio contra quienes firmaron el contrato.

Además, exigen resarcimiento y una disculpa pública por esa decisión.

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