Sin embargo, la decisión gubernamental no fue bien recibida por toda la sociedad civil.

María del Carmen Aceña, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, opinó que la reacción a la crisis ?es un poco tardía?.

El problema del café es estructural, y no se resuelve a corto plazo ni a través de asignaciones o de compra de fincas, añadió Aceña.

Para la analista económica, en vez de ?paliativos? se debe mejorar el clima de negocios para atraer más inversiones, y que se generen más empleos y otras actividades económicas.

Escepticismo

Pablo Ceto, diputado de la URNG, calificó de positiva la intención de tomar medidas para enfrentar la crisis del café de manera estructural, pero espera que no sea una promesa más del presidente Portillo.

Alfredo Cojtí, jefe de bancada del PAN, se mostró más radical.

?Es una estrategia política, como las anteriores convocatorias que ha hecho el Gobierno, porque no ha mostrado voluntad para dar una solución?, expresó.

Aunque la oposición no esté de acuerdo, la mayoría del Congreso, del FRG, apoyó la decisión del mandatario.

?Si el presidente Portillo calificó el tema de urgencia nacional, nosotros acompañamos y compartimos su decisión?, dijo Leonel Soto Arango, vocero del Congreso.

Aseguró que ese sector productivo debe diversificarse.

Optimismo

El acuerdo dice que se tomará en cuenta a la sociedad civil, ?representada en la Plataforma Agraria? -que en junio presentó al Gobierno una propuesta de reforma cafetalera-.

Miguel Angel Sandoval, vocero de esa instancia, que agrupa al Cnoc, Conic, Caldh, Avancso y la Pastoral de la tierra, entre otras, se mostró complacido con el decreto ?como primer paso para enfrentar la crisis del café?.

También explicó que es el resultado de negociaciones, lucha campesina y presiones de diversos sectores.

Sandoval citó los 350 mil desempleados por la crisis del café y las 900 fincas abandonadas o semiabandonadas y 250 embargadas por el sistema financiero.

Propuesta

La Plataforma Agraria participará en las reuniones teniendo como base su propuesta, la cual menciona una inversión de Q3 mil millones, para empezar.

Los ejes son la transferencia de tierras a campesinos afectados, capitalizar la agricultura para diversificarla y un proyecto estratégico de seguridad alimentaria para garantizar que Guatemala produzca lo que come, aseveró.