A esa conclusión llegan expertos y autoridades de derechos humanos, quienes aseguran que las cárceles están fuera de control, mientras y el Gobierno poco ha hecho al respecto, que menos que negociar, “ha hecho acuerdos momentáneos, para salir del paso”.

Como muestra, señalan los críticos, temas de fondo como el bloqueo de la señal de celulares, investigación de guardias penitenciarios y el ingreso de armas y drogas en la cárceles no han sido atendidos.

Tierra de nadie

El poder que los reos tienen en las prisiones y la capacidad para doblegar a las autoridades ha quedado manifestado con los amotinamientos de este año.

El experto en negociaciones Jessid Barrera aseguró que el asunto es serio, porque “un día se van a levantar y van a salirse de todas las cárceles”.

“Ya lo han hecho de algunas, y pareciera que el Estado no puede hacer nada”, agregó.

Sergio Morales, procurador de Derechos Humanos, enfatizó que el Gobierno ha sido incapaz para controlar este problema. “Deben atenderlo a fondo y ejercer la ley del sistema penitenciario”, afirmó Barrera.

En tanto, el portavoz del Sistema Penitenciario (SP), Rudy Esquivel, aseguró que se investigan los extremos, para saber qué pasa en el interior de los penales, particularmente el Preventivo de la zona 18.

El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, y el director del SP, Eddy Morales, hasta ahora no se han pronunciado respecto a esto, aunque el primero ha argumentado en varias oportunidades que la forma de atender estos incidentes “llevaba una carga de socialdemocracia, para evitar derramamiento de sangre”.

Sin embargo, expertos y autoridades insisten en que el problema debe ser atendido de urgencia y no como un círculo vicioso que se repite cada dos meses, entre motines, toma de rehenes y traslados.

Historias que dan pena

El último incidente, ocurrido el lunes recién pasado en el sector 11 del Preventivo para hombres de la zona 18, muestra cómo el Ministerio de Gobernación y el SP no reaccionan.

La manera de “hacerse escuchar” de los reclusos es tomar rehenes, amotinarse, disparar y exigir su traslado a otra prisión. La respuesta de las autoridades: acceder. Esta vez fueron 10 pandilleros los que lograron su objetivo.

El 19 de noviembre, el SP decidió enviar a 12 reos a Fraijanes 1, y a partir de allí, empezó la inconformidad estos.

Ese día se efectuó una requisa, y los guardias hallaron tres armas y cinco aparatos celulares en las celdas. No obstante, el lunes último, los presos de nuevo estaban armados.

Es la misma historia que se repitió el 23 de abril de este año en la cárcel Fraijanes 2, y el sector 11 del Preventivo de la zona 18.

Un grupo de pandilleros se amotinó en Fraijanes 2 y tomó como rehén al guardia Melvin Arturo Monzón Vásquez. De manera simultánea, en la zona 18, retuvieron al custodio Mynor Castillo. La exigencia era que fueran trasladados a otra cárcel.

El 22 de noviembre ocurrió lo mismo. Tomaron como rehén a Cristian Morales, 20, trabajador de una empresa de alimentos, quien fue liberado hasta que el director de Presidios llegó para “negociar” durante dos horas.

Al final el argumento oficial fue que se debía proteger la vida de Morales y cumplir la exigencia de los pandilleros de llevarlos a la prisión de máxima seguridad Fraijanes 1.

Chantaje consumado

El traslado se consumó. Ahora, los pandilleros se encuentran en las mismas celdas, a pesar de que se les sindica de organizar extorsiones desde esa cárcel.

Lo más dramático del motín, según la ex directora del SP Patricia de Chea, es que los pandilleros están juntos otra vez. “Necesitan de sus jefes para seguir delinquiendo, y es por eso que piden su traslado”, explicó.

De Chea critica a las autoridades por haber aceptado ese chantaje, y supone que ese día —el lunes último— era el momento de desarmar a los pandilleros. “Se debió desarticular a los cabecillas, los mandos medios y luego separarlos”, insistió.

Un sector complicado

Por ahora en el sector 11 del Preventivo de la zona 18 se encuentran 302 reos, ya que 22 fueron trasladados a Fraijanes 1. Ese lugar ha duplicado su capacidad, ya que en realidad solo debería albergar a 160 personas.

De Chea recuerda que este sector no es el más adecuado, puesto que se trata de bartolinas cerradas donde “los mareros descansan”. “No hacen ningún trabajo, y eso les da tiempo para pensar en más fechorías”, aseguró.

Barrera coincide con ello y refirió que el SP actual es ir a dormir, comer y mejorar sus mecanismos para delinquir.

“Retornarlo —al reo— a la sociedad para que se incorpore es algo que el sistema no ha logrado”, manifestó Barrera.

Según el experto, los pandilleros han generado una fuerza en las cárceles que los llevado a conseguir espacios y obtener lo que desean. “Es un esquema de fuerza, y ellos mandan”, destacó.

Barrera considera que se necesita un ministro involucrado a fondo en la situación y que ajuste el SP.

En la actualidad, dentro de esos recintos aún hay armas, funcionan celulares y las extorsiones no se detienen. La rehabilitación ha quedado en segundo plano. Dentro de las cárceles no mandan las autoridades, sino los reos, insisten los entrevistados.