EDITORIAL

Persiste amenaza a la institucionalidad

La batalla contra la corrupción se plantea como una de las tareas titánicas que debe librar el país, principalmente porque casi todas las instituciones del Estado están corroídas por ese flagelo, que se agrava con la inclinación a la inmoralidad que se ha evidenciado en muchas personas a quienes se confió un puesto público.

Una de las instituciones de moda, por los constantes escándalos en que resultan involucrados sus funcionarios y empleados menores, es la Superintendencia de Administración Tributaria, y a ellos se suman empresarios que en vez de cumplir con sus obligaciones buscan evadir pagos por medio de un vergonzoso tráfico de influencias que solo enriquece a unos cuantos. Una operación repudiable que tiene graves consecuencias en el desarrollo del país.

Pero en el caso de la SAT, lo que vale la pena destacar es su inviabilidad como institución, porque reproduce uno de los modelos más nefastos en la administración pública y es aquel que depende en alto grado de las decisiones de figuras todopoderosas, como es el caso de los mandatarios, que ejercen una influencia perniciosa sobre la entidad.

Ese es el modelo que debe reinventarse para que instituciones de gran impacto público adquieran la suficiente independencia para operar con eficiencia y a la vez puedan dar resultados que no dejen dudas sobre lo que realmente puede recaudar el erario, pues los constantes casos de corrupción, combinados con la ineficiencia, han convertido a la SAT en un ente deficitario.

Es oportuno citar ese caso, porque ahora se discute una nueva iniciativa en el Congreso para fortalecer y hacer más independiente el Ministerio Público, pero en apenas dos debates lo que más ha sobresalido es la ignorancia, conveniencias y acciones politiqueras que ponen en riesgo ese proyecto, pues a través de enmiendas de última hora, que se salen de los consensos largamente estudiados, pueden convertir la expectativa en fiasco, al igual que lo empieza a ser la gestión de ciertos congresistas.

Claramente mucho de lo que ha hecho el MP, al mando de las últimas dos fiscales, ha enviado el mensaje claro de que la criminalidad en todas sus expresiones puede ser combatida, en todos los ámbitos, incluida la función pública y eso parece asustar a muchos de los congresistas que hoy tienen en sus manos la decisión de otorgarle los instrumentos necesarios para que la persecución criminal se fortalezca.

Esa resistencia dentro del Congreso la encaran los diputados de FCN-Nación, la agrupación que llevó al poder al presidente Jimmy Morales, quien ha incurrido en la imprudencia de pretender desligarse de esos diputados, quienes a su vez expresan con tal desfachatez que ellos no prometieron nada, con lo que debe entenderse que su único norte es velar por intereses inconfesables.

Si el oficialismo representado en el Congreso es incapaz de comprender el enorme riesgo que conlleva hacer del MP una institución maniatada, no solo complicará la agenda gubernamental, sino que dará la espalda al fortalecimiento del estado de Derecho y eso no se los perdonará el pueblo que más temprano que tarde les reclamará sus acciones éticamente cuestionables y dolosas.