“Manifestamos nuestro rechazo y repudio porque el Gobierno ha dilatado el proceso y el presidente aún no firma el acuerdo gubernativo”, afirmó Juan de Dios García, representante de las comunidades entre Quiché, Alta y Baja Verapaz.

Descarta resarcir

El presidente Otto Pérez Molina descartó el pago de resarcimiento a las víctimas al afirmar que eso “tiene que ser autorizado por el Congreso”.

“Darles el dinero a ellos no lo puedo disponer yo, porque podría dar, entonces, a cualquiera que yo dispusiera que hay que resarcirlo”, afirmó en la Casa Presidencial, después de juramentar a cinco gobernadores.

Gustavo Martínez, secretario general de la Presidencia, indicó que se propondrá a los afectados incluir la construcción de infraestructura para sus comunidades mediante un acuerdo gubernativo y se redactaría una iniciativa de ley que debería aprobar el Congreso, para el pago de resarcimiento a las víctimas.

Sin embargo, los pobladores rechazan cualquier medida que no sea el cumplimiento del plan de reparaciones del 2010 y revelaron que incluso hay conversaciones con países cooperantes para que, al igual que EE. UU., limiten la ayuda a Guatemala hasta que se cumpla el compromiso.

Prensa Libre dio a conocer en enero último que EE. UU. condicionó la ayuda a Guatemala este año, a cambio de que se indemnice a las víctimas de la represa.

Caso polémico

Q1 mil 200 millones costaría resarcimiento.

La construcción de la Hidroeléctrica Chixoy perjudicó  a 33 comunidades.

11 mil 833 pobladores fueron afectados.

Para construir el proyecto habrían sido ejecutadas unas 434 personas.

Los sobrevivientes se mantienen en medio de la pobreza.

A finales de enero, Estados Unidos aprobó la Ley de Asignaciones Consolidadas, que establece que ese país no podrá votar a favor de créditos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para Guatemala, sino muestra progresos en los procesos de adopciones y el resarcimiento de cerca de 6 mil familias damnificadas con la construcción de la hidroeléctrica.