Ordóñez Palacios solicitó en cuatro ocasiones información sobre proyectos, obras y otros manejos ediles, pero la información no fue entregada completa o debía pagar no menos de Q3 mil para obtenerla, lo cual  viola la Ley de Acceso a la Información.

Negar la información por parte del alcalde llevó a la Procuraduría de los Derechos Humanos a declarar que viola el derecho humano de acceso a la información pública e instar al Ministerio Público (MP) a comenzar con la investigación como lo estipula la Ley.

Al conocer los  hechos, el auxiliar fiscal Armando Rubein Villatoro Hernández —apellidi similar, no se sabe si es pariente—  desestimó la denuncia. Villatoro Hernández renunció hace tres meses al MP, sede Huehuetenango.

El Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana  conoció de las denuncias, le ha dado seguimiento al caso de Ordóñez Palacios  y ha logrado que al menos dos de los señalamientos  sean desestimados.

El alcalde llevó un proceso de antejuicio al conocerse que tenía al menos 200 plazas fantasma, y el juez pesquisidor, con base en pruebas y testimonios,  recomendó que se le retirara la inmunidad.

No obstante,  fue una resolución dividida. La Sala Séptima de Apelaciones del ramo Penal resolvió que no ha lugar la formación de causa  contra el jefe edil.

A consideración de la  magistrada Gladys Yolanda Albeño, el jefe edil debía  enfrentar juicio, pero los magistrados Jaime Echeverría y Estuardo Cárdenas   determinaron que no  se debía retirar la inmunidad;  el MP apeló la resolución y está pendiente de resolverse.

Se trató de obtener la versión del alcalde, pero una persona que contestó su teléfono dijo que estaba en una reunión y que devolvería la llamada. El alcalde es yerno de la exdiputada Mirza Arreaga.

Testimonios presentados en la causa penal por plazas fantasma señalaron que el alcalde los llamaba para que llevaran copias de su identificación y recibían una cantidad de dinero por esas plazas.

Sin entregar información

La PDH ha denunciado a alcaldes por no haber entregado información pública.

• El 10 de mayo  del 2016, la PDH declaró la violación del derecho humano de Acceso a la Información Pública y responsabilizó al jefe edil de Aguacatán, Huehuetenango, Selvin Villatoro, y a la corporación municipal, así como a empleados municipales.
• El 19 de enero del 2016 fue sancionado de la misma manera el alcalde de Pueblo Nuevo, Suchitepéquez, Celso Gumercindo García, y su concejo, por no haber entregado información.
• El 13 de noviembre del 2015 también se sancionó al exjefe edil de Santa Catarina Palopó, Sololá Mariano López Nimacachi y su corporación.    
•  En el 2013 fue sancionada la encargada de la Unidad de Acceso a la Información de la Municipalidad de Mixco por no haber entregado información.
• El 2 de enero del 2016 se declaró la violación al derecho de acceso a la información pública por parte de funcionarios y empleados de la Portuaria Santo Tomás de Castilla por haberse negado a entregar datos.