El presidente Alejandro Giammattei considera que las reformas a la Ley de Oenegés, sancionadas por él, entran en vigor el próximo viernes, al señalar que el momento impugnado en la Corte de Constitucionalidad (CC) prescribió cuando sancionó el cuerpo legal y fue publicado en el Diario de Centro América.

Giammattei dio las declaraciones al finalizar el quinto encuentro ciudadanos organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo. Comentó que sobre el momento de la sanción no hay ningún amparo, por lo que la norma debe entrar en vigor este 6 de marzo.

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“Creemos que no aplica porque el momento que está siendo impugnado es un momento que ya prescribió, justo cuando sancioné la ley. Son los abogados los que están haciendo un dictamen y la ley debería entrar en vigor a partir del próximo viernes”, dijo el mandatario.

El gobernante insistió: “Yo sancioné la ley, y sobre el momento de la sanción de la ley no hay ningún amparo, la ley entra en vigor a partir del viernes”.

Mientras que el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, dijo que ellos se enteraron del amparo por los medios de comunicación y que fueron notificados el martes último a las 10 de la mañana.

“No he podido entrar a conocer a profundidad -la resolución de la CC-. Nuestros abogados están estudiando el amparo, lo que ellos -la Corte- enviaron y notificaron más tarde. Tengo reunión con los abogados y vamos a entrar a conocerlo, no quisiera adelantar criterio, si vamos a pedir o no ampliación y aclaración, ya que son los abogados los que están estudiando el recurso”, dijo Rodríguez.

El abogado constitucionalista y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, dijo que él creyó que lo resuelto por la CC era una inconstitucionalidad general de la ley y no un amparo, por lo que se mostró sorprendido.

“El amparo es en función de cuestiones irregulares durante la gestación de la Ley, y por lo mismo lo que suspendió la Corte es el acto mismo de la creación de la ley por determinadas irregularidades y amenazas que los amparistas señalaron. Es un poco estirado pero la Corte tiene razón porque deja sin efecto el acto de creación final de la ley y por lo tanto queda sin efecto la sanción y la publicación en el diario oficial”, explicó Fernández Molina.

El jurista manifestó que el mayor problema es que la Corte de Constitucionalidad “marca los propios territorios” y resuelve en donde haya vacío legal, y Guatemala está colmada de vacíos legales y es la CC la que “crea jurisprudencia y crea derecho”.

“El amparo hacía un acto legislativo después que se haya sancionado, sí suena raro pero en el fondo de esta confusión jurídica es la CC la que debe resolver, y si el acto donde se creó la ley es lo que deja sin efecto, todo lo que surge después se cae por su peso”, concluyó el exmagistrado.

El amparo deja la ley en el estado en el que se encontraba antes de aprobación, es decir, aprobada en segunda lectura, por lo que el decreto 4-2020 no entraría en vigencia.

Juristas y diputados han dicho esta semana que luego de que la CC confirme el fallo, el proyecto de ley se tendrá que volver a conocer y discutir para que después pase a su aprobación en tercera lectura, por artículos y redacción final para su sanción por parte del Ejecutivo.

Aunque también creen que se debería suspender el procedimiento, pues la ley ya había sido sancionada por el presidente y estaba a punto de entrar en vigor, por lo que debería atacarse por medio de la inconstitucionalidad.