El Congreso de la República aprobó este 12 de octubre la ley 6073 con 81 votos a favor la cual pretende pagarle Q1 mil mensuales a veteranos militares durante cuatro años. La decisión fue respaldada en su mayoría por el oficialismo. Diez legisladores estuvieron en contra y 69 más no estuvieron en el hemiciclo.

Durante la mañana de este Día de la Raza, cientos de veteranos llegaron a la zona 1 y se apostaron alrededor del Congreso. En este lugar hubo diversas reacciones, y sobre todo, discordia para algunos que no admitían este pago porque les representa, a muchos adultos mayores ya, hacer trabajos relacionados con el medio ambiente.

De hecho, algunos de los entrevistados por Prensa Libre y Guatevisión, amenazaron con boicotear las elecciones, e incluso llamar que era el inicio de “una guerra”, la aprobación de esa ley que no beneficiaba a todos las personas que prestaron servicio en el Ejército.

“Venimos en paz, pero si los diputados, el presidente, firman esto – la ley 6073 – vamos a bloquear las elecciones en todo el país. No va a haber elecciones. Y ahi va a empezar la guerra”, dijo uno de los veteranos que dijo haber sido kaibil – fuerza especial militar guatemalteca -.

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Sobre la declaración del veterano militar el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, se limitó a decir que era una amenaza irresponsable. Mientras que se consultó con José Luis Pantaleón, jefe de comunicación social del Ministerio Público (MP) y no respondió a la consulta si investigarían de oficio esta amenaza.

El constitucionalista Alejandro Balsells, aseguró que esa advertencia debe ser investigada porque “se pretende irrumpir en el orden democrático de la República”. Es una amenaza que encuadra en muchos delitos y se debe prestar atención.

El analista y excanciller, Edgar Gutiérrez, consideró la declaración del veterano como una “fanfarronada”, pero eso sí, resaltó que el presidente Alejandro Giammattei y sus aliados del Congreso están en modo ganar elecciones “piñateando sin misericordia el Presupuesto de la Nación”.

“El pulso electoral 2023 será entre corrupción clientelar y el voto digno”, declaró.

Francisco Quezada, analista en temas jurídicos del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien), aseveró que “la tarea de los grupos, diversos y cuantiosos, que están detrás de los recursos públicos, muchas veces se han visto desbordadas, porque buscan medios de presión para obtener prebendas, y por eso a la puerta de una elección van a aumentar por aquellos que no obtuvieron nada del Gobierno”. 

Según Quezada hay personas que “que quieren ocasionar o, por lo menos, poner en tela de duda unas elecciones generales en forma pacífica y hay otros que quieren mandar un mensaje a las nuevas autoridades en el sentido de que su lucha por recursos de todos los guatemaltecos continúa”.  

“Por eso hemos visto la periodicidad de que están haciendo este tipo de temas. Vimos desfilando al sindicato de Joviel Acevedo, a Codeca, a muchos otros grupos que están detrás de los recursos de todos los guatemaltecos y en la medida que no alcanzan sus objetivos crean mecanismos que se aproximan al terrorismo”, explicó. 

La idea, según el analista del Cien, es presionar al Gobierno y a sus autoridades a través de objetivos civiles, a través de personas ajenas a su movimiento y a sus reivindicaciones, causarles daño y con ello, presionar a la autoridad. 

“Lamentablemente la costumbre ha sido que el Estado se ha puesto como proveedor de todos y no se les ha contenido desde un principio. Entonces han escalado, la impunidad va creciendo. Entonces las afrentas a la ciudadanía son cada vez cada vez mayores”, argumentó. 

Quezada expresó que no entiende por qué este grupo se consideran exmiembros del Ejército cuando no lo son. “Ellos prestaron un servicio militar, que es una obligación del ciudadano, de todos los guatemaltecos. Ellos no hicieron carrera en el Ejército”, dijo. 

“Para presionar al Estado las elecciones son un objetivo bastante sensible, en el que todos ponen expectativas, y entonces va a ser utilizado por ellos y por otros, y eso lo hemos visto previa e históricamente”, relató Quezada. 

Para el analista es importante que las autoridades les pongan atención porque en el pasada estos grupos destruyeron el Palacio Legislativo. 

“Hay que ponerles atención porque algunos demostraron que son violentos y que por alcanzar un objetivo económico están dispuestos a pagar, atentar contra los valores más fundamentales de la vida en sociedad y entonces si son una mezcla de personas con intereses puntuales”, puntualizó.