SAN SALVADOR – El jerarca católico dijo en su rueda de prensa dominical que “habría que ir a los organismos internacionales para que se haga justicia” si el Gobierno salvadoreño no puede evitar que la mina cause daños en El Salvador.

Organizaciones ambientalistas salvadoreñas han denunciado que la mina Cerro Blanco, ubicada en Jutiapa, Guatemala, podría contaminar el lago Güija y el río Lempa, el más caudaloso de este país.

Sin embargo, la mina, de la empresa canadiense Goldcorp Inc., aún está en fase de exploración.

REPORTAJE – Mina Cerro Blanco genera disputa entre Guatemala y El Salvador

Escobar hizo un “llamado” al Gobierno y a los diputados salvadoreños para que “esto se resuelva”, aunque reconoció “que ellos están actuando” en este caso.

Si se argumenta que “no se puede resolver” porque “es un problema de Guatemala”, el caso es “que nos afecta a nosotros porque de esa agua bebemos”, subrayó el arzobispo de la capital salvadoreña.

“No es posible que por obtener un beneficio económico enfermemos a toda una nación, por no decir que le causemos la muerte; eso no es posible en un siglo XXI en el que estamos, es una aberración jurídica y social que no puede permitirse”, insistió.

Los cancilleres Hugo Martínez de El Salvador y Fernando Carrera de Guatemala han mantenido un diálogo en torno al caso de la mina, según dijo en febrero pasado el funcionario salvadoreño.

Escobar indicó que la iglesia católica salvadoreña apoya la emisión de nuevas leyes de aguas y de minería, pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa desde hace varios meses.

La iglesia está “a favor de defender el punto de no explotación minera” y espera que con una nueva ley “se protejan los recursos naturales y también, por supuesto, el oro y la plata” que tenga El Salvador, añadió.

“No es justo que lleven estos recursos y (…) nos dejen el cianuro, o sea envenenada nuestra nación”, apostilló el arzobispo.

En El Salvador están suspendidos los proyectos de minería por decisión gubernamental, pero organizaciones ambientalistas y otros sectores demandan que se prohíban definitivamente por ley.