Terminado el primer semestre del primer año del gobierno de Alejandro Giammattei, la ejecución presupuestaria va a buen ritmo, si se considera que la mayor cantidad de recursos se destina al pago de sueldos de los burócratas y a saldar los compromisos de deuda.

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Pero, por otro lado, la inversión es lo que menos avanza y, aunque expertos en economía y finanzas ven como normal que sea así por ser el primer año de una nueva administración, la pandemia también podría hacer difícil que se erogue lo destinado para nuevos proyectos o la conclusión de obras.

Hasta la semana pasada, el presupuesto tenía, en promedio, el 45% de ejecución —unos Q47.6 mil millones— y, de eso, el 67% ha sido destinado para funcionamiento del Gobierno.

Al ver el gasto por entidades, casi ninguno de los 14 ministerios reporta una ejecución de recursos más allá del 50%, que debería ser, como mínimo, lo gastado. Tan solo el Ministerio de Educación alcanza el 50.08%, aunque se debe considerar que es la cartera con más empleados del país. El Ministerio de Defensa le sigue en la lista, con una erogación del 46.26% de sus recursos asignados para el 2020.

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Otras dependencias, como la Cancillería, Finanzas y la cartera del Interior, tienen presupuestos entre el 40% y 45% de ejecución. En el caso de Salud, pese a ser el ministerio más importante en medio de la pandemia del coronavirus, refleja un gasto del 40.76 por ciento.

Agricultura y Cultura están en lo más bajo de la escala, con ejecuciones que apenas alcanzan el 25%.

Inversión será menor

El economista Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), aunque indicó que el gasto alto en funcionamiento es normal, el incremento de la deuda pública que financia los programas a propósito de la pandemia hará que los recursos destinados a inversión sigan cayendo.

“Entonces, el gasto en inversión termina siendo la variable de ajuste con lo que resta. Hay como dos gastos autónomos; es decir, que lo vas a gastar no importa qué pase. El primero es el pago a los empleados y segundo el servicio de la deuda. Y si sobra, es lo que se destina a inversión”, explicó Maúl.

El economista consideró que el primer año de cualquier gobierno refleja una baja ejecución de la inversión, porque los nuevos administradores deben conocer y familiarizarse con la gestión pública, y a partir del segundo año, la dinámica cambia y pueden ejecutar más.

“En términos generales, el próximo año deben ejecutarlo bien, pero todo dependerá de cómo queda el presupuesto para el próximo año, por lo que estamos viviendo de la pandemia, dependiendo qué tipo de proyectos sean. Puede ser un nuevo juego, distinto al tipo de inversión que siempre se hacía. Antes, nadie hacía centros de recuperación pulmonar que ahora van a tener que hacer”, manifestó.

Gasto eficiente

El economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) Abelardo Medina también entiende que el mayor gasto de un gobierno es el pago de sueldos; sin embargo, en otros países se ve reflejado en la prestación de servicios como educación, salud y seguridad. En el caso de Guatemala, en el funcionamiento también se incluyen algunos privilegios que no se justifican.

“Cuando hablamos de eficacia, es que se debe gastar lo necesario para llevar bienestar a la población, y —en cambio— dentro de esos gastos está el pago de gasolina para altos funcionarios, alimentación excesiva y el pago de teléfonos”, explicó Medina.

Para el economista, el detalle de ejecución en un país como Guatemala es normal, ya que la deuda pública “no se puede dejar de pagar, porque mucha de esa deuda es con los bancos del sistema” y muy frecuentemente se castiga el rubro de inversión para tener liquidez para el pago de sueldos, sobre todo con problemas de recaudación tributaria.

“La baja ejecución lo que denota es la poca capacidad de los funcionarios de ejecutar los planes que tienen”, dijo el investigador del Icefi.

Érick Coyoy, investigador del Instituto de Problemas Económicos y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, ve importante que se elimine el gasto superfluo, sobre todo porque la recaudación este año bajará y, en consecuencia, el Gobierno también debió reducir sus gastos para buscar un balance fiscal; sin embargo, “las malas prácticas persisten en el uso inapropiado de recursos para necesidades personales. Son vicios que se mantienen y tienen que ver con la falta de transparencia”.