El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) sostiene que, pese a las más de 30 modificaciones que se han presentado a la normativa, esta aún provocaría un agujero fiscal de hasta Q1 mil 300 millones.

La Central General de Trabajadores de Guatemala y la Federación de Empleados Bancarios, de Servicios y del Estado (Fesebs) también manifestaron su rechazo al proyecto, durante un foro público organizado ayer por la comisión legislativa de Probidad, en el Salón del Pueblo.

Debe ser discutida

Según Jonathan Menkos, director ejecutivo del Icefi, la ley fue discutida “al margen de la sociedad”, lo que dio como resultado una propuesta llena de vicios y errores.

“No solo se debe enfocar en retener los cien mil empleos, sino en qué hacer para generar cinco millones de empleos dignos que se necesitan. No solo es pretender solucionar el problema económico y laboral del país con leyes mágicas”, dijo Menkos.

Adolfo Lacs, representante de la Fesebs, también destacó que con la normativa no se garantiza la protección laboral y se centra en “privilegios fiscales para los empresarios, sin generación de empleo”.

Según el análisis presentado por la Fesebs, en el mediano plazo la ley de inversión y empleo generaría un incremento de impuestos directos, con efectos que impactarían a la clase media asalariada.

De aprobarse la normativa, de acuerdo con los expositores, le daría a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) más responsabilidades de fiscalización, paralelo a menores ingresos, algo contraproducente para el país.

Sin apoyo político

El escenario político es incierto y bancadas de oposición como Libertad Democrática Renovada (Líder) han decidido retirar el apoyo inicial al proyecto.

“El próximo gobierno se va a encontrar un Estado en crisis, y por eso hacemos un alto en el camino. Vamos a escuchar y a analizar antes de decidir el apoyo”, indicó Roberto Villate, jefe de la bancada de Líder.

El diputado de Winaq Amílcar Pop, presidente de la Comisión de Probidad, también negó el apoyo a la normativa.

Refirió: “Son iniciativas en contra del desarrollo y el progreso del país, contra los intereses de la Nación, y convierten a Guatemala en un mecanismo al servicio de un sector empresarial reducido, en detrimento de los intereses nacionales”.

El bloque de Encuentro por Guatemala también pidió más tiempo para analizar la iniciativa y destacó la necesidad de que la SAT y el Ministerio de Finanzas aclaren los efectos contraproducentes que podría traer la exención de impuestos.