CIUDAD DE GUATEMALA- La Fiscalía de Delitos Administrativos, del Ministerio Público, ha recibido 17 denuncias con tintes políticos en los últimos tres años. La mayoría de acciones buscan que se retire la inmunidad a otros parlamentarios para que se les pueda investigar.

Lluvia de Recursos

La guerra en la arena legal la encabeza el partido Libertad Democrática Renovada (Líder), que ha presentado ocho recursos legales en ese período.

La batalla del grupo opositor está enfocada hacia las figuras centrales del Gobierno y del Partido Patriota (PP), entre ellas el presidente Otto Pérez Molina, y en menor medida contra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Su primer ataque estuvo dirigido contra Carlos Batzín, entonces ministro de Cultura y Deportes, a quien interpeló desde el 22 de enero del 2013 a finales de mayo de este año. Después de la batería de preguntas, Líder pidió el voto de falta de confianza contra el funcionario, pero no logró suficiente apoyo parlamentario.

Este juicio político no arrojó ningún resultado. El entonces ministro fue señalado de compras irregulares en implementos deportivos, pero meses después renunció al cargo.

Batzín fue denunciado en el Ministerio Público por los diputados Nery Rodas, Delia Back, Miriam Pineda, Luis Chávez, Álvaro Trujillo y Mirza Arreaga Meza, todos de Líder.

También cargaron sus baterías contra Pedro Muadi Menéndez cuando era presidente del Congreso. En su contra demandaron un antejuicio por los delitos de resoluciones violatorias a la Constitución.

Contra el binomio

Las acciones legales alcanzaron también a Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti.

El secretario general de Líder, Roberto Villate, accionó contra el gobernante y pidió antejuicio por violaciones a la Carga Magna. Hasta ahora no se ha resuelto la petición.

Jacinto García Franco, de la Unidad Defensora del Pueblo, también requirió que se investigara al presidente, por abuso de autoridad y desobediencia. El antejuicio está pendiente de ser resuelto.

Otros particulares también demandaron al jefe del Ejecutivo y al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, sin que se haya resuelto si procede retirarle la inmunidad a este último.

Back enderezó una acción legal contra la vicemandataria y el entonces ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, por coacción, coacción contra la libertad política, violación a la Constitución y resoluciones violatorias a la Carta Magna.

La demanda solicitaba un antejuicio contra el precandidato presidencial oficialista, el cual ya fue rechazado por los anteriores magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Otra acción se planteó contra Sinibaldi porque supuestamente no estaba registrado en el Colegio de Economistas, luego de que habría dicho que tenía un título universitario.

Las denuncias más recientes de Villate fueron contra Baldetti, Sinibaldi y Sandra Torres, de la UNE, supuestamente por tráfico de influencias.
Orlando Blanco, diputado de la UNE, denunció a Luis Enrique Monterroso cuando era jefe de la Secretaría Alimentaria y Nutricional, por desobediencia.

El diputado de Winaq Amílcar Pop denunció a la ministra de Educación, Cynthia del Águila, por no haber asistido a sus citaciones para responder a preguntas sobre la nueva carrera del magisterio. En noviembre último, Líder desistió de continuar con la interpelación de esa funcionaria.

Etapa peligrosa

Según los analistas cuando los políticos presentan acciones legales contra sus opositores se corre el riesgo de judicializar la política, lo cual, aseguran, puede llevar a una etapa peligrosa.

Señalan que existe una visión tergiversada de las normas, ya que buscan el beneficio particular y las leyes deberían estar para servir a la mayoría.

Lizandro Acuña, de la Unidad de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos, explicó que esas denuncias, en su mayoría, no prosperan, por el tráfico de influencias. Por ello, agregó, se deben impulsar reformas en el sector de justicia.

Denuncias archivadas

De los  nueve antejuicios solicitados contra el presidente Otto Pérez Molina, cuatro ya fueron desestimaron y cinco quedan pendientes de resolución.
La vicepresidenta  Roxana Baldetti tiene cuatro solicitudes de antejuicio, de las  cuales una ya fue archivada.

El antejuicio  contra Cynthia del Águila, ministra de Educación, fue rechazado por el pleno del Congreso.

Manuel Barquín, diputado de Líder, presentó un antejuicio contra Mario Aguilar Elizardi, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, por abuso de autoridad, el cual sigue vigente y falta resolver si se acepta  retirarle la inmunidad.   

DATO

9 antejuicios se han presentado contra el presidente Otto Pérez Molina.

COMENTARIO

“Varios obstáculos rodean las denuncias presentadas, debido al  tráfico de influencias que evitan conocer y resolver esos casos paradigmáticos”. Lizandro Acuña, analista de la Usac