CIUDAD DE GUATEMALA – Los legisladores abordaron las dudas que rodean el proceso para elevar la disputa territorial a la Corte Internacional de Justicia  (CIJ) , mediante un proceso previo de consulta popular, explicó a la  AFP  el diputado guatemalteco Mario Taracena de la Unidad Nacional de la Esperanza  (socialdemócrata) .

Según el congresista, quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento guatemalteco, en el acercamiento, que calificó de carácter “político” , expresaron el “malestar”  por una reforma al sistema de consultas ciudadanas hecho en Belice.

“Tuvimos la oportunidad de plantear nuestra posición con respecto a la inconformidad y malestar que tenemos los guatemaltecos en eso de habernos enterado que las consultas no son válidas cuando no son aprobadas por más del 60% de la población”, señaló Taracena.

Los dos países habían acordado el 6 de octubre pasado como fecha del referendo, pero fue suspendido debido a que Guatemala alegó que Belice hizo reformas al plan de consulta y estableció una participación mínima del 60% del padrón electoral para que sus resultados tuvieran validez.

Por su lado, el embajador de Belice en Guatemala, Alfredo Martínez, dijo a periodistas que su país y Guatemala están “actuando en buena fe”  para acordar una fecha y realizar el referendo.   

El 7 de octubre pasado las autoridades electorales de Guatemala y Belice iniciaron acercamientos a fin de establecer el día en que se celebraría en simultáneo la consulta popular que definirá si el conflicto debe ser solventado por la CIJ.

El diferendo territorial lleva más de 150 años pues, aunque Guatemala reconoció la independencia de Belice en 1991, le sigue reclamando a su vecino 12 mil 272 km2, el 50 por ciento del territorio de la excolonia británica, lo que incluye varias islas y cayos.