En su octavo y noveno informe sobre la situación de las mujeres en Guatemala, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación de las Mujeres de la ONU pidió al Estado que continúe con prontitud la investigación y lleve a los responsables de las muertes y de las heridas de las niñas ante la Justicia para que no haya impunidad y se asegure la no repetición de este tipo de tragedias.

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No obstante, el comité de la ONU pide al Estado guatemalteco que “reforme el actual sistema de protección del menor”, a fin de garantizar la dignidad y la integridad física y psicológica de todas las niñas.

Los miembros del Comité destacan en su informe la “elevada incidencia del tráfico de mujeres y niñas, particularmente de indígenas, afrodescendientes y mujeres rurales, en el trabajo forzado y la explotación sexual.

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Subrayan en este sentido las bajas tasas de “imputación y de sentencias” de los autores del tráfico de mujeres y niñas, y presuntos casos de conflictos de interés de funcionarios en casos de tráfico y la prostitución, incluso en instituciones estatales como institutos de protección del menor y hospitales.

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El comité recomendó a Guatemala que, además de reformar el sistema de protección del menor, asegure la continuación de programas de salida y oportunidades de generación de ingresos alternativos para las mujeres que quieran abandonar la prostitución.

Asimismo, que Guatemala mejore la capacidad de la judicatura y de la policía para investigar los casos de tráfico de mujeres y niñas, para procesar y sancionar adecuadamente a los responsables.

En otro apartado, el Comité también expresa su preocupación por “los crecientes” ataques, violencia sexual y campañas de difamación contra defensoras de derechos humanos, entre ellas indígenas que defienden el derecho a la tierra y los recursos naturales, mujeres que abogan por la protección de la violencia de género y activistas de los derechos de las lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales.