CGC denuncia a exdirectora y a funcionarias de la SOSEP por falta de ejecución de Q4.4 millones en programa “Mis Años Dorados”
La Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció ante el Ministerio Público que Q4.4 millones no fueron ejecutados en el programa “Mis Años Dorados”, dejando sin alimentación a adultos mayores en 49 centros a nivel nacional en el 2024.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia para investigar supuestas deficiencias en la ejecución del programa "Mis Años Dorados", que dejó sin ejecutar más de Q4.4 millones destinados a la alimentación de adultos mayores durante el primer semestre de 2024. (Foto Prensa Libre: Sosep)
Miles de adultos mayores en situación vulnerable quedaron sin acceso a alimentación básica en el primer semestre del 2024, a pesar de que la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) contaba con más de Q9.8 millones disponibles para cubrir ese servicio, según un hallazgo de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
La CGC presentó una denuncia formal contra tres autoridades de la SOSEP, entre ellos la actual secretaria Zulma Calderón, por deficiencias en la ejecución del programa "Mis Años Dorados".
El hallazgo principal señala un incumplimiento en la prestación del servicio de alimentación, con un presupuesto asignado que no fue ejecutado adecuadamente durante la mitad del 2024.
El informe detalla que, aunque el presupuesto asignado para la Atención Integral al Adulto Mayor en 2024 ascendía a Q12.5 millones —de los cuales Q9.8 millones estaban destinados específicamente para la compra de alimentos—, hasta el 30 de junio de ese año solo se ejecutaron Q70 mil en un único centro, ubicado en la ciudad de Guatemala.
Para entonces, quedaban pendientes de ejecución Q4.4 millones monto que debía garantizar la alimentación de miles de adultos mayores beneficiarios.
La auditoría constató que el servicio de alimentación no se brindó en 49 Centros de Atención Diurna (CAD) de 14 departamentos, vulnerando un derecho establecido por ley para los beneficiarios.
¿Qué reveló la auditoría?
El informe de auditoría evaluó el funcionamiento del programa durante el período del 1 de enero al 30 de junio de 2024.
Durante ese tiempo, la CGC visitó 13 Centros de Atención Diurna en cinco departamentos, en los cuales verificó el incumplimiento de la normativa que exige el servicio de alimentación como parte esencial de la atención integral a los adultos mayores.
Las compras se realizaron mediante el Fondo Rotativo Institucional, y uno de los proveedores fue Douglas Alexander Sarti, registrado como comerciante individual bajo el nombre Distribuidora La Confianza. No obstante, al verificar la dirección registrada, no se encontraron indicios de que la empresa realmente operara en el lugar.
Además, el proveedor está vinculado a otras dos empresas: Distribuidora La Universal y Multicultural, lo que generó dudas a la Contraloría sobre su capacidad instalada.
La versión de los centros
A junio de 2024, la dirección de Mis Años Dorados reportó 2 mil 950 adultos mayores beneficiarios en los centros del país, quienes debían recibir atención integral, incluyendo tres tiempos de comida al día, conforme lo establece el reglamento del programa.
Según el informe, los testimonios de encargados de centros en Jalapa y Jutiapa confirmaron el incumplimiento.
En Jalapa se indicó que no se brindaba alimentación y que las actividades dependían de gestiones externas. En Santa Catarina Mita, Jutiapa, el centro informó que permaneció sin atender a beneficiarios durante todo el año.
En otro centro de la zona 3 de Jutiapa, se reportó que las actividades se realizaban de forma esporádica y sin servicio de comida, por falta de recursos.
¿Quiénes son las responsables?
La denuncia de la CGC establece una responsabilidad mancomunada contra una exfuncionaria y dos actuales:
- Zulma Calderón, secretaria de Obras Sociales.
- Aleydy Contreras, subsecretaria de Promoción Social.
- Mariana Pérez, exdirectora del programa Mis Años Dorados.
La auditoría concluyó que Calderón, en su calidad de máxima autoridad institucional, tenía la obligación de supervisar el cumplimiento de políticas públicas y gestiones administrativas.
Aunque argumentó que su papel era solo de gestión y no de ejecución directa, la Contraloría señaló que tenía conocimiento del presupuesto aprobado mediante una resolución. La CGC consideró que las acciones tomadas a partir del quinto mes resultaron tardías e insuficientes.
La versión de la SOSEP
En respuesta a las consultas planteadas por Prensa Libre tras la denuncia de la CGC, la SOSEP aseguró que desde el inicio de la actual administración se impulsaron auditorías internas para evaluar a detalle la eficiencia de cada uno de los programas, incluido “Mis Años Dorados”.
Sobre la falta de ejecución de más de Q9.8 millones, la Secretaría explicó que fue necesario revisar primero el estado real del programa y su población objetivo, proceso que, según la Secretaría, “tomó tiempo, pero permitió identificar oportunidades de mejora en la gestión y ejecución”.
“Parte del compromiso de nuestra gestión fue revisar con detalle cada uno de los programas, su eficiencia y alcances. Desde el día uno iniciamos con auditorías internas y procesos para transparentar las acciones", respondió la SOSEP sobre los esfuerzos iniciales.
“Precisamente enfocados en esa supervisión, necesitábamos saber primero cómo se encontraba el programa y a quiénes iba dirigido, esa revisión nos llevó algún tiempo, pero logramos detectar algunas oportunidades de mejora en la gestión y ejecución”, indicó la institución al referirse al señalamiento de la CGC sobre el presupuesto no ejecutado.
En cuanto a la responsabilidad de los funcionarios que supervisaban directamente el programa, la institución señaló que, desde el inicio de la nueva administración, se dio una instrucción precisa de enfocarse en la transparencia y eficiencia en su ejecución.
Al ser consultada directamente sobre su papel como máxima autoridad, Calderón afirmó que en esta administración se implementó una línea de supervisión que no existía anteriormente, como parte de un nuevo enfoque centrado en transparencia y calidad del gasto. Aseguró que actualmente están en proceso de presentar su defensa formal ante las autoridades competentes.
Además, Calderón reiteró que su función es de carácter administrativo y no de ejecución directa:
"Dentro de la estructura del presente hallazgo no tengo vinculación técnica con el mismo, debido a que mi función como Secretaria de Obras Sociales no es de ejecutar. Sin embargo, he realizado las gestiones administrativas oportunas para que la Subsecretaría de Promoción Social, por medio de la Dirección de Mis Años Dorados, cumpla con su función conforme al Manual de Organización y Funciones vigente", se lee en el documento de descargo presentado por Calderón ante la CGC.
Los otros descargos
Por su parte, Aleydy Contreras, subsecretaria de Promoción Social, también presentó argumentos de defensa. Indicó que los expedientes de compra se elaboraron hasta el 15 de mayo del 2024, aunque reconoció que no logró gestionar oportunamente la planificación ni supervisó de forma efectiva a la exdirectora del programa.
Sin embargo, la CGC describió que detectó contradicciones en sus declaraciones. Mientras Contreras atribuía la falta de ejecución a un Plan Anual de Compras (PAC) inadecuado heredado, la Secretaría defendía que se había implementado un plan de supervisión extraordinario en julio, del cual, hasta el momento según la Contraloría, no hay resultados concluyentes.
En el caso de Mariana Pérez, exdirectora del programa, su contrato fue rescindido.
Según el informe, argumentó que sí coordinó acciones y solicitó asesoría técnica, pero la CGC estableció que no se brindó el servicio durante el período evaluado.
También alegó que la falta de personal —como subdirector, ingeniero de proyectos y asistentes administrativos— afectó el funcionamiento de la Dirección.
Aun así, el informe señala que era su deber garantizar el cumplimiento del programa, más aún considerando que existía presupuesto disponible y sin ejecutar.
Perjuicio a la población adulta mayor
El informe de la CGC señala que el incumplimiento de funciones causó un perjuicio directo a los adultos mayores, al no garantizarles un derecho básico como la alimentación, lo cual está claramente establecido en la normativa interna del programa.
A pesar de las reuniones, ajustes y justificaciones presentadas por las autoridades, al 30 de junio de 2024 casi Q4.5 millones seguían sin ejecutarse, evidenciando una falla estructural en la planificación, ejecución y supervisión del programa.
*Nota del editor: este artículo se modificó el miércoles 18 de junio para agregarle una postura ampliada de la Sosep, respecto a los hallazgos de la Contraloría.
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