Velásquez resaltó que durante los nueve años que la Comisión ha apoyado a la justicia guatemalteca, han conocido a profundidad la lógica de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que han dañado los sistemas económico, político y judicial del país. 

Destacó el trabajo en conjunto que realizan junto al Ministerio Público, que los ha llevado mejorar la capacidad investigativa de los fenómenos criminales y grandes estructuras delincuenciales. 

El Comisionado resaltó que es importante atender de manera urgente los desafíos que existen en otros eslabones del sistema de justicia, para agilizar los procesos que permitan conseguir más sentencias. 

Corrupción innegable

Iván Velásquez destacó que “no se puede negar la existencia de una corrupción sistemática en el Estado de Guatemala”, que ha logrado cooptar a los partidos políticos y al aparato estatal, en los últimos años se han sustituido los intereses nacionales por los privados y sectoriales, evidenciado en el enriquecimiento ilícito de grandes redes político económicas. 

Urge reforma 

El jefe de la Cicig concluyó que la sostenibilidad de los cambios que Guatemala necesita en los sistemas político y judicial, solo es posible si se realiza una “reforma estructural”, que modifique las formas de acceso y ejercicio del poder judicial. 

“Es necesario un nuevo despertar ciudadano como el del 2015, más profundo y más consciente, que contribuya a la construcción de la cultura de legalidad; que deje atrás las viejas formas que entendían la corrupción y la impunidad como fenómenos naturales; y que  permita al país la consolidación del Estado de Derecho, indispensable para lograr prosperidad y certeza jurídica en el país”, dijo Velásquez. 

La reunión se realizó en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, donde estuvo presente Jeffrey Feltman, secretario general adjunto de Asuntos Políticos de la ONU.

Al encuentro también fueron convocados los jefes de instituciones del sector justicia, entre ellos Francisco Rivas ministro de Gobernación, Nery Medina presidente del Organismo Judicial, Thelma Aldana fiscal general del Ministerio Público y Nydia Arévalo directora del Instituto de la Defensa Pública Penal.

Las instituciones fueron invitadas a participar por formar parte de la Coordinadora para la Modernización del Sector Justicia, los jefes de las dependencias expondrán los avances que cada institución tiene y los objetivos de trabajo en conjunto según la extensión del mandato de la Cicig hasta 2019.

En reiteradas ocasiones, el Comisionado Velásquez ha hablado de la magnitud de la impunidad en Guatemala y ha resaltado que el sistema pudo ser pensado para que la justicia no funcione. 

Prórroga del mandato 

El 18 de abril del año pasado, el presidente Jimmy Morales viajó a Nueva York para pedir ante los países cooperantes una nueva prórroga en el mandato de la Cicig, mismo que vencía en septiembre de este año. 

Aunque el mandatario adelantó en esa ocasión que pediría una prórroga del mandato de la Cicig hasta por cuatro años, la solicitud formal se hizo para dos años más, por lo que la Cicig estará en el país hasta septiembre de 2019.

Presidente no asistió

A diferencia del año pasado, esta vez no participó en la reunión el presidente Jimmy Morales, es el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Raúl Morales, quien se encuentra en Nueva York.  

Heinz Hiemann, vocero de la Presidencia, explicó que la inasistencia de Morales se debe a que no es una reunión de jefes de Estado. “El año pasado, cuando el presidente participó, fue en el contexto de la solcicitud de la ampliación del mandato de la Cicig”  dijo Hiemann.