Los pasados 12 y 13 de marzo Guatemala se sometió al escrutinio de este Comité de la ONU, que vela porque los Estados cumplan lo establecido en la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, tras dicha evaluación, hoy publicaron sus conclusiones.

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Subraya, además, que “le preocupa la politización del sistema de selección y nombramiento de altas autoridades judiciales y fiscales y la falta de separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas de la Corte Suprema de Justicia“.

En este sentido, ensalza “los progresos logrados” por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en la lucha contra la corrupción, pero advierte su preocupación porque “decisiones políticas” puedan frenar los progresos conseguidos.

El Comité pone como ejemplo el hecho de que el presidente de la República, Jimmy Morales, haya declarado persona non grata al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez.

“Preocupa además al Comité que el proceso de selección del nuevo Fiscal General y del Contralor General de Cuentas de la Nación por parte de las comisiones de postulación pueda verse sometido a injerencias políticas”.

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Asimismo, los expertos hacen sonar la voz de alarma por “los frecuentes intentos de injerencia externa en resoluciones judiciales”, y “por los ataques, amenazas y querellas espurias contra jueces, fiscales, víctimas y testigos involucrados en casos de alto impacto”.

Ante este contexto, el Comité pide al Estado que dé prioridad a la aprobación de las reformas que garanticen la inamovilidad en el cargo de los jueces y magistrados, y que el proceso de selección y nombramiento de los magistrados, jueces y fiscales, y del Contralor General de Cuentas de la Nación, se base exclusivamente en criterios objetivos.

Por otra parte, al Comité también “le sigue preocupando” que la tipificación del delito de tortura del Código Penal no se ajuste al Pacto y otras normas internacionales.

Concretamente, critica el bajo número de condenas por tortura, a pesar del elevado número de denuncias e investigaciones, y que las denuncias por abusos policiales que pueden constituir tortura resulten sólo en sanciones disciplinarias.

Es por ello que, el Comité insta al Estado a que asegure las investigaciones de todas las alegaciones de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; que los autores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, sean castigados con penas adecuadas; y que las víctimas reciban una reparación integral.

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Con respecto a las mujeres, los expertos continúan preocupados ante el aumento progresivo de la violencia contra la mujer, especialmente el alarmante número de femicidios.

“Le preocupa además el reducido número de enjuiciamientos y condenas en casos de violencia de género y trata de personas”.

Ante esta situación, el Comité recomienda al Estado que aumente la cobertura geográfica de los tribunales especializados, “con el fin de enjuiciar y sancionar a los responsables de actos de violencia de género y de trata de personas”.

Finalmente, con respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, al Comité “le sigue preocupando la criminalización del aborto, la cual resulta en un elevado número de abortos inseguros y en procesamientos y condenas a penas excesivas de prisión”.

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