La CPI es una iniciativa que funciona desde el 2002 para investigar y condenar a los responsables en casos de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Moreno-Ocampo dijo que la finalidad es prevenir para que esos crímenes no se repitan.

¿Cuál ha sido el principal objetivo de su visita?

Hemos sido invitados por el Gobierno para explicar en Guatemala el funcionamiento del Estatuto de Roma, por el cual se entra a formar parte de la Corte Penal Internacional.

Según las reuniones que ha sostenido con funcionarios, ¿qué posibilidades ve de la adhesión al Estatuto?

Eso no lo sé, porque depende del Congreso de Guatemala; es una decisión de cada Estado.

Pero para mí ha sido muy interesante ver qué pasa en una sociedad que sale de la violencia masiva, lo que se progresa y lo que cuesta también salir de esa violencia.

Un concepto básico de la CPI es la no retroactividad.

Esta corte no tiene retroactividad, y yo no puedo hacer nada anterior al 2002. No trabajamos en casos que pasaron; trabajamos en casos que están ocurriendo, que están vigentes.

¿Por qué es importante para Guatemala ratificar el Estatuto de Roma?

Guatemala estaría bajo la protección de 113 Estados que están de acuerdo con que no haya crímenes masivos nunca más.

¿Qué papel tiene ese instrumento en la lucha contra la impunidad?

Supone un compromiso de Estado de que no va a haber impunidad. Por ejemplo, eso lo está haciendo Colombia. Está llevando casos contra los paramilitares y contra la guerrilla, porque si no, nosotros intervenimos.

Eso ha pasado en Kenia, donde se pelearon los dos grupos que estaban compitiendo por el poder y se produjeron matanzas masivas; por eso es muy importante, para evitar que en las próximas elecciones en Kenia pase lo mismo. Tenemos un caso: el genocidio en Darfur, Sudán, donde está bajo proceso al presidente en ejercicio de ese país. La Corte ha demostrado que es una idea que funciona.

¿Por qué hay temor en Guatemala a ratificar el Estatuto?

No lo sé.

¿Puede ser miedo a que se juzguen crímenes del pasado?

Creo que todo el mundo está claro de que no podemos investigar el pasado. Es un tema que siempre divide. Cuando hay matanzas masivas, es difícil superarlo, y Guatemala, en ese sentido, es casi milagroso; hay otros países que están todavía mucho más inmersos en la discusión. Mire lo que pasó en España cuando —el juez Baltasar— Garzón quiso investigar las fosas —de la Guerra Civil—; se armó un lío bárbaro.

En Guatemala no se juzgaron los crímenes cometidos durante el conflicto. ¿Cree que eso debe ser investigado, al margen de la Corte Penal Internacional?

Yo fui fiscal adjunto en el juicio a las juntas militares argentinas hace 25 años, y ese juicio cambió el país, porque la gente aprendió lo que había ocurrido.

Cuando investigaba los hechos, antes de que empezara el juicio, e iba a almorzar a la casa de mi mamá, ella estaba furiosa, porque quería mucho al general Jorge Videla, y pensaba que yo cometía un grave error.

Cuando el juicio empezó, mi mamá vio a las víctimas, leyó lo que decían. Me llamó, y me dijo: “Vos tenés razón; todavía lo quiero al general Videla, pero tenés razón, tiene que estar preso”.

El juicio cambió la mentalidad de la gente que pensaba que estaba bien matar a los enemigos. Eso es un cambio fundamental.

¿Es posible que eso suceda en un país como Guatemala?

Cada país tiene sus propias dinámicas. En Uruguay no se investigó nunca, en Chile no iban a investigar, pero finalmente investigaron un montón. Cada país va encontrando su camino; lleva tiempo y es complejo. Guatemala va encontrando su camino. Tuvo una comisión de la verdad, tiene gente que sigue planteando temas, y ahora tiene una cosa muy interesante que se llama Cicig.