Pasaban 24 días de junio del 2016 y hubiera sido un día normal, pero en Brasil Marco Pereira de Sousa Bilinski se disponía a declarar. Su objetivo era contar el papel que jugó para los ejecutivos de la empresa brasileña Norberto Odebrecht, quienes reconocieron haber sobornado a políticos y funcionarios públicos de 12 países, incluyendo Guatemala, para  facilitar la contratación de sus servicios. En su declaración mencionó a un familiar del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

Al ser investigado por el Ministerio Público Federal (MPF)  de Brasil, por señalamientos de corrupción político-empresariales y lavado de dinero, a través de su participación en el caso conocido como Lava Jato, De Sousa Bilinski accedió a colaborar. Ofreció detalles de cada uno de los movimientos que hizo como ejecutivo de la entidad Antigua Overseas Bank (AOB).

En su declaración, el brasileño explicó que se vinculó con Odebrecht luego de haber sido contactado por un alto ejecutivo de esa compañía. Su trabajo consistía en abrir cuentas bancarias y offshore —fuera de plaza- en el exterior, con el pretexto de que sería más fácil operar los recursos de los nuevos clientes y, como beneficio para él, el banco lucraría más.

Sin embargo, ese no era el verdadero fin.

En su declaración, el brasileño aseguró: “Creía que la intención de abrir offshore era por cuestiones de planificación fiscal, pero después me di cuenta de que el objetivo era alejar el origen del dinero del destinatario final, debido a que las cuentas eran aprovisionadas siempre con dinero de la propia Odebrecht y no de sus socios comerciales”.

Hasta ahora, la investigación está bajo reserva en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci)  del Ministerio Público (MP), y poco se sabe de cuánto han avanzado y qué pruebas se tienen. No obstante, allegados a la Fiscalía aseguran que, tal como ha ocurrido en otros países, autoridades de Odebrecht vinieron a Guatemala en busca de un trato, pero les fue negado, porque la oferta no fue satisfactoria.

En diciembre pasado, el  Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora, en la que reveló el pago de coimas y sobornos a políticos y funcionarios en 12 países. Para hacerlo contaban hasta con un departamento especial.

En otras naciones como Estados Unidos y Ecuador, las autoridades de Odebrecht han acordado pagar multas millonarias para resarcir el daño ocasionado.

La vinculación

En su relato, De Sousa Bilinski mencionó muchos nombres, incluso aseguró que viajó a varios países para asesorar a los nuevos inversionistas de Odebrecht acerca de las cuentas offshore.

“El procedimiento de apertura de cuenta y offshore era el siguiente: se les explicaba cómo funcionaba el banco, cómo opera, cuál era la estructura, las tasas, los costes de la apertura de la offshore, etcétera, y si el cliente se interesaba, se solicitaban algunos documentos para remitirlas al banco”, detalló.

Antes de encaminar los documentos para abrir la cuenta o la offshore, el declarante se reunía con autoridades de Odebrecht, que verificaban la viabilidad de la firma, y si no había ningún problema se procedía.

Uno de sus viajes fue a Guatemala, por solicitud de uno de sus contactos en Odebrecht. En su relato al MFP,  dijo que en esa ocasión se encontró con Marcos Machado, principal ejecutivo de la firma brasileña en el país, quien le informó que Juan Arturo Jegerlehner Morales lo buscaría en el hotel para  abrir una cuenta.

De Sousa Bilinski aseguró: “La cuenta fue abierta a nombre de Roa Corporate Legal & Economical Advisory, INC. El beneficiario era el propio Juan Arturo —Jegerlehner Morales—”, quien en la reunión que sostuvieron le explicó que el objetivo de la misma era para fines de consultoría legal y que estaría al servicio de Odebrecht, pues “el cien por ciento de los recursos salían de las cuentas operacionales” de dicha entidad brasileña.

En el Registro Mercantil de Guatemala no hay datos de la empresa. Sin embargo, The Open Database of The Corporate World detalla que la entidad fue fundada en Panamá, el 12 de junio del 2014, como una sociedad anónima con actividades comerciales. En sus inicios tenía en su equipo a cuatro hombres y una mujer, cuyos nombres se desconocen. El 12 de agosto del año pasado registró un cambio de directivos, todos panameños.

Familiares

Desde que se revelaron los sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios y políticos en varios países, en Guatemala el foco de atención han sido los principales dirigentes del PP, debido a que el contrato con la compañía brasileña para la ampliación de la carretera CA-2 Occidente se hizo durante el período en que gobernó esa agrupación política.

En su declaración, De Sousa Bilinski aseguró que la cuenta para Guatemala la creó a nombre de Juan Arturo Jegerlehner Morales, quien además de haber sido secretario del Consejo Administrativo de Citivalores y de haber aparecido como uno de los abogados intermediarios en los Panamá Papers —investigación periodística que reveló el uso de offshore para lavar dinero y evadir impuestos—, el señalado está casado con María de la Paz Saravia Mendoza, hermana de María José Saravia Mendoza, esposa del exministro de Comunicaciones y excandidato presidencial por el PP Alejandro  Sinibaldi. Este es requerido por la justicia guatemalteca desde el 11 de junio del 2016.

Fuentes cercanas a la Feci revelaron que una de las líneas de investigación es determinar la complicidad de Jegerlehner Morales, Sinibaldi y sus familiares. También explicaron que están buscando la ruta del dinero, el cual es muy probable que no haya llegado a Guatemala.

La familia

De la esposa de Sinibaldi se sabe muy poco. Es madre de los tres hijos del excandidato presidencial y, según fuentes extraoficiales, desde  que él está prófugo, su esposa, María José,  ha tratado de bajar el perfil, hasta entre sus conocidos, aprovechando que es ama de casa.

Sin embargo, el esposo de su hermana, además de  haber creado la cuenta a través de la cual pagaba  Odebrecht, aparece en los Panama Papers como intermediario de la empresa Summerhill Holdings, S. A., que también es vinculada con Sinibaldi.

La cuñada del excandidato presidencial por el extinto PP también aparece en los Panama Papers. En Panamá se le reconoce por estar relacionada con dos empresas “y, como mínimo”, a cuatro nombramientos.

Según registros oficiales panameños, María de la Paz ocupa en la actualidad tres cargos diferentes en una misma firma. Es la tesorera, la directora y la secretaria.

El  31 de enero, Sinibaldi, quien está prófugo de la justicia, divulgó un comunicado a través de su cuenta de Twitter, en el que atacó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y  defendió a su familia.

Según el excandidato presidencial,  las investigaciones en su contra son ataques. Aseguró que no tiene ninguna cuenta a  su nombre en el extranjero, pero indicó: “Soy empresario antes que político, por lo que toda cuenta se encuentra a nombre de una empresa y como beneficiario final, mi persona”.

Prensa Libre trató de contactar a Jegerlehner Morales en la firma Saravia & Muñoz, pero aseguraron que ya no trabajaba en esta, y lo mismo dijeron  en el bufete que tiene registrado en el Colegio de Abogados, mientras que  la dirección que aparece registrada de Summerhill Holdings se localiza el Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Otros casos

Esta no sería la primera vez que Sinibaldi aparece relacionado con la investigación de Lava Jato en Brasil. En diciembre del 2014 se reveló que la compañía brasileña OAS podría haber donado US$1 millón para la campaña presidencial del PP.

La vinculación de Sinibaldi comenzó luego de que, en el allanamiento a la oficina del presidente de OAS, Adelmario Pinheiro Filho, se encontró un documento escrito a mano en el que se indicaba que el dinero se entregó por medio de Antonio Solá, publicista del exministro de Comunicaciones, en 20 cuotas de US$50 mil.

OAS intentó entrar a Guatemala. Su intención era adjudicarse la ampliación a cuatro carriles de la ruta  CA-2 Oriente,  de la cabecera de Escuintla a Ciudad Pedro de Alvarado, frontera con El Salvador. Se trataba de un proyecto similar al de Odebrecht, pero que al final obtuvo la empresa nacional, la cual también es  investigada.