Después de un silencio parlamentario que duró casi dos semanas, ayer en una extraña sesión plenaria los diputados acordaron alterar la agenda establecida cuando se declaró la permanente. Vea el gráfico

Con ese aval se incluyeron las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Aduanas, así como la exoneración de impuestos a la importación de dos helicópteros donados por el Gobierno de Taiwán.

Los acuerdos se alcanzaron en dos reuniones de jefes de bloques, a puerta cerrada y sin presencia de la Prensa, en la oficina del presidente del Congreso, Gudy Rivera.

La primera encerrona se efectuó antes de empezar la sesión plenaria, que se retrasó hasta las 11.58 horas. Con los supuestos acuerdos, los diputados aprobaron mediante una moción privilegiada la alteración del orden del día. Después, con 88 votos, establecieron otra agenda.

De inmediato se aprobó, en tercera lectura, la iniciativa que buscaba las reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, que obtuvo un apoyo de 90 votos de las bancadas de Libertad Democrática Renovada (Líder), Todos, de la Gran Alianza Nacional (Gana) y Partido Patriota (PP).

Solo 18 votaron en contra, aunque hubo 50 ausentes; la más notoria fue la bancada de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).

Con los acuerdos sobre la mesa se esperaba que la ley pasara de inmediato, como ha ocurrido con otras iniciativas aprobadas por el PP y sus aliados.

Sin embargo, luego de varios minutos en silencio, Rivera convocó a los jefes de bloques a otra reunión en su oficina y otra vez sin la presencia de la Prensa.

Pese al pretendido secretismo, se supo que no había acuerdos para aprobar cinco enmiendas a la ley.

Más de una hora después se retomó la discucusión y se aprobó por artículos y redacción final la normativa, que se convirtió en el decreto 34 aprobado por el Congreso, con el aval de 97 diputados, aunque 11 votaron en contra y 50 no estuvieron presentes.

En medio de toda la confusión y el hermetismo, varios diputados afirmaban que se negociaba bajo la mesa para que se votara a favor del paquete de reformas.

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Según Óscar Chinchilla, diputado de Creo, con las reformas se otorgarán por 20 años prorrogables en usufructo frecuencias del Estado por tiempo indefinido, ya que la Ley no establece cuántas veces se gozará de ese beneficio.

“Las reformas que se aprobaron no hablan de qué hacer con las frecuencias otorgadas y que no se usan. Debió haberse integrado, para evitar el acaparamiento de frecuencias y los monopolios”, dijo.

De acuerdo con el legislador Roberto Alejos, de la bancada Todos, la ley aprobada solo “beneficiará al país, porque dará estabilidad jurídica a los empresarios que quieran invertir en telefonía, televisión o radio, sin temer porque en algún momento les quiten la frecuencia”.

La mayoría de frecuencias fueron otorgadas en usufructo por 15 años en 1996, luego de haber sido subastadas al aprobarse la Ley General de Telecomunicaciones un año antes. Casi todos los contratos vencieron en noviembre del 2011, cuando se prorrogaron.

No obstante, algunas de telefonía que no fueron subastadas pero sí otorgadas en usufructo vencían en el 2016, y ahora podrán acogerse a la nueva normativa y su contrato vencería en el 2032.