Dos días después de que el presidente Alejandro Giammattei fue ovacionado por los alcaldes de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala (Anam), en una actividad en la cual ofreció más apoyo y recursos a quienes lo respalden hasta el último día de su administración, la Comisión de Finanzas del Congreso, dirigida por el oficialismo, dictaminó favorablemente, el pasado 13 de mayo, la iniciativa de ley que propone que los recursos no ejecutados este año por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) se puedan utilizar el próximo año, durante el período electoral.

El proyecto fue presentado por los oficialistas Shirley Rivera, presidenta del Congreso, y Cándido Leal, presidente de la sala de Finanzas, respaldados por varios integrantes de las bancadas aliadas. La iniciativa fue recibida por la Dirección Legislativa en abril último y en 16 días se discutió, analizó y dictaminó.

El proyecto, que reforma dos artículos de la Ley de Presupuesto 2022 (decreto 16-2021), y que se prevé que en la sesión extraordinaria de hoy se conozca en su redacción final, elimina el último párrafo del artículo 41, “Saldos de los Consejos Departamentales de Desarrollo”, y además modifica el proceso de fiscalización de la obra en los departamentos contemplado en el artículo 82 de la misma normativa.

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“Lo que quiere hacer el Congreso es que este año los saldos de caja no regresen al fondo común. Queremos que se queden en los Consejos de Desarrollo”, explicó Leal, al señalar que eso permitirá que el próximo año los Codede reciban completo el techo presupuestario para ejecutar obra nueva. Negó que la medida sea populista, en el marco de una precampaña electoral y que con ello se pretenda obtener el apoyo de los alcaldes.

La iniciativa también fue respaldada por el diputado distrital de San Marcos e integrante del bloque Vamos, Guillermo Cifuentes, quien agregó que con estos cambios a la Ley se busca agilizar los pagos a los proveedores, para que avancen en las obras, porque “estos saldos pequeños que quedan atrasan la ejecución de proyectos”. Dijo que, como está la normativa actualmente, se impide el avance de la obra.

Samuel Pérez, del bloque Semilla, es uno los siete diputados de la Comisión de Finanzas que no votó a favor del dictamen. Según justificó, esa iniciativa, respaldada por el Ejecutivo, está vinculada con la aprobación de los Q3.2 mil millones de ampliación presupuestaria que recibió este año el Ministerio de Comunicaciones, que son para campaña política a favor del oficialismo.

Ejecución va lenta

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) reporta que para este año los Codede tienen asignados 3 mil 25 proyectos, por un monto total de Q3 mil 259 millones. De estos, solo 586 han iniciado y tienen un avance que va desde el cero hasta el 26 por ciento, en los diferentes departamentos del territorio nacional.

El Progreso, Escuintla y Petén son los departamentos que superan el 20 por ciento en el avance físico de la obra, en tanto que Totonicapán, Retalhuleu, San Marcos, Huehuetenango, Izabal, Zacapa y Chiquimula reportan cero ejecuciones.

Transparencia

Hasta ahora, como un mecanismo de transparencia y cuentadancia, se debe hacer una grabación digital del avance de la obra en ejecución, de manera que se pueda establecer el avance real del proyecto que se está pagando.

Ahora, con la propuesta a punto de ser aprobada, hay cambios. El otro artículo cuestionado por la oposición es precisamente el relacionado con el avance de la obra ejecutada, ya que la iniciativa sustituye la implementación de grabación digital por fotografías de aquellos proyectos que se desarrollan en el área rural. “Es una medida en contra de la transparencia, para evitar ver las obras fantasmas”, indicó Pérez en el razonamiento en contra del dictamen.

No obstante, Leal calificó dicho artículo de burocrático y justificó lo detallado con que hay lugares en los cuales, por su lejanía, no existen cámaras en tiempo real, lo cual impide saber si la obra se ejecutó. Su postura también fue cuestionada por el diputado de Winaq Édgar Batres, al indicar que con esa propuesta se pretende retroceder en materia de transparencia.

Se intentó contactar al Ministerio de Finanzas Públicas para conocer la opinión técnica sobre la iniciativa, pero se indicó que aún no tenía un análisis al respecto.
El presidente de la Anam, Francisco Mejía tampoco respondió los mensajes.