El Decreto fue vetado por el Ejecutivo el 9 de marzo y con esto se invalidaba la reforma al Código Penal que dictaba hasta tres años de cárcel a los funcionarios que no asistieran a las citaciones parlamentarias.

Este lunes en la instancia de jefes de bloques el presidente del Congreso Mario Taracena pidió a los parlamentarios que rechacen el veto presidencial, medida que será conocida en la próxima sesión parlamentaria este martes, según la moción aprobada.

Taracena durante la reunión este lunes en el Salón del Pueblo, dijo que el decreto permitía que los ministros de Estado asistieran a las citaciones, sin embargo luego del veto presidencial dejaron de asistir.

Solicité a jefes de bloque que rechacen el veto presidencial para que los funcionarios de gobierno se presenten al Congreso a rendir cuentas

— Mario Taracena (@MarioTaracena) March 28, 2016

Los jefes de los bloques Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Fuerza, Todos y Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), ofrecieron su apoyo para rechazar el veto y poder aprobar el Decreto 13-2016 con 105 votos.

El veto

Un mes después de ser aprobado el decreto 13-2016 del Congreso de la República que establecía prisión para los funcionarios que se ausentarán injustificadamente a las citaciones de diputados, el presidente Jimmy Morales vetó esa disposición.

El pasado 4 de febrero el Congreso aprobó enviar a la cárcel hasta tres años de prisión a los funcionarios que no se presenten a las citaciones que convocan los legisladores de las diversas bancadas.

En esa ocasión, el decreto fue ratificado con 101 votos a favor y 31 en contra para poder establecer los años de cárcel por inasistencia injustificada al Legislativo; los diputados modificaron el Código Penal.

El acuerdo gubernativo 49-2016 publicado en el diario oficial establece algunas observaciones  que fundamentan el veto, por lo que el Congreso deberá reunir por lo menos 105 votos si quiere concretar las modificaciones penales.

Entre las incongruencias que se señalan en la publicación en el Diario de Centro América, se resalta la del artículo del decreto 13-2016 en el que se determinaba “prisión de dos a tres años” a las personas citadas y se ausenten de manera injustificada. El veto de la Presidencia dice: “Dicha disposición es contraria a lo prescrito en la Constitución Política de la República de Guatemala porque violenta el artículo 17”.