Política

Congreso sepulta el proyecto de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal

Treinta y dos diputados votaron a favor, 50 en contra y 76 estuvieron ausentes, y así, el Congreso sepultó el proyecto de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), para la rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje.

Convía fue adjudicada para el proceso de rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la Autopista Escuintla - Puerto Quetzal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Convía fue adjudicada para el proceso de rehabilitación, administración, operación, mantenimiento y obras complementarias de la Autopista Escuintla - Puerto Quetzal. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Lo que era el primer proyecto a través de la Alianza Público Privada fue sepultado por los diputados a través de diversas estrategias. Al momento de entrar a votar, en tercer debate, estaban presentes 82 diputados, no obstante, el diputado Oliverio García Rodas indicó que no había quórum para entrar a votar por lo que pidió poner en cero el contador, cuestión que no permitió Flor de María Chajón, segunda vicepresidenta, que en ese momento asumió como presidenta ante la ausencia de Álvaro Arzú Escobar, quien se bajó de su lugar en la junta directiva.

Con está acción, el proyecto que era de beneficio para el país quedó sepultado y se tendría que presentar una nueva iniciativa para poder darle vida a ese proyecto, que tenía un costo de inversión de US$80 millones. Mientras que algunos diputados indicaron desde el mediodía de este 29 de octubre que no iba a ser aprobado porque algunos parlamentarios están pidiendo dinero y obras para dar el voto al proyecto, lo cual se vio reflejado al momento de la votación.

Mientras que otros diputados señalaron que algunos de sus compañeros solicitaron ser parte del proyecto por medio de sus constructoras.

El proyecto contaba con el apoyo de la Millennium Challenge Corporation (MCC), una agencia de Estados Unidos para el desarrollo de proyectos en países pobres y en vías de desarrollo, la cual envió una carta donde da como ultimátum el 31 de octubre para que el Congreso aprobara la obra de Puerto Quetzal o de lo contrario retiraría el apoyo para el proyecto de Metrorriel.

García Rodas insistió en que había una ilegalidad, al señalar que no había quórum para entrar a votar. A él se sumaron otros diputados, pero no lograron que la junta directiva los escuchará, por lo que al momento de votar solo se contó con el apoyo de 32 diputados.

El parlamentario también criticó a algunos de sus compañeros, al decirles que no están de acuerdo, pero no se desmarcaron para romper el quórom. Mientras se empezaba la discusión del proyecto, en el pleno, habían 91 diputados, poco a poco se fueron desmarcando hasta llegar a 82; otros tomaron otra estrategia como la del presidente del Congreso que estaba presente en la votación, sin embargo, aparece ausente en la lista de votación.

René Muñoz, director de asunto corporativo de Convía, empresa que iba a ejecutar el proyecto, indicó que el Congreso tiene la facultad de aprobar o improbar una alianza público privada, pero considera que la empresa ha hecho un excelente trabajo al presentar todos los puntos en función de las bases de licitación del proyecto, incluso, se ha dado el canon más alto que en toda la región y que eso beneficia al país.

“Cumpliendo todo lo que nos pidió la ley, sí es decepcionante ver cómo una votación se hizo a la carrera y el diputado Oliverio García Rodas pide que se cuente porque no hay suficientes diputados como menciona el tablero y la persona que ejercía la presidencia, que era una dama, no hace caso y continúa, al ver el video pareciera tener razón el diputado”, refiere.

El directivo aseguró que no era una privatización, sino una alianza en la que el estado da el derecho de vía, porque la carretera no existe, y el privado está obligado a invertir para hacer una autopista, operarla, mantenerla y en 25 años entregarla a Guatemala de vuelta.

“Los vecinos tendrán una exoneración del 75 por ciento, gratis, no es el paso, sino que es un valor pequeño, hay gente que tiene poco, pero una inversión de estás le iba a dar trabajo a mucha gente, y ahora no va a haber nadie quien les dé trabajo, y dé dónde van a tener para alimentarse, eso nos preocupa más”, concluyó Muñoz.

La Anadie no mostró postura al respecto de la decisión legislativa, pero señaló que este miércoles, 30 de octubre, estarán en reunión de emergencia en el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie).

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones, Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), Juan Carlos Tefel, calificó de nefasto lo sucedido en el Congreso, de parte de los diputados que votaron en contra de esta iniciativa, ya que este tipo de proyectos  generan inversión e ingresos para el Estado.

“Lo que nos pone a pensar que son temas ideológicos o temas por ignorancia o más bien por negocios ocultos, no sabría decir cuál de las tres, pero lo que sí vemos es que no hay ganas para que el país avance. Desconozco si los diputados pidieron dinero, pero las acciones de 50 diputados demuestran más que las palabras. El rechazo es por el interés particular de ciertos diputados”, dijo Tefel.

El empresario manifestó que este era el primer proyecto de alianza público privada y que este modelo ha funcionado en varios países, sin embargo, “se puede deducir que no se quiere el desarrollo para el país”.

El ministro de Finanzas y presidente de Anadie, Víctor Martínez, expuso que es preocupante la decisión que adoptó el Congreso.

Indicó que ahora se tendrán que utilizar fondos públicos para la construcción de la carretera y que generará presión fiscal, ya que no se programaron recursos para el mantenimiento de la carretera.

El funcionario explicó que se asignaron Q1 mil 300 millones de inversión para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para 2020 y citó como ejemplo que el 40% se utilizarían para la construcción de la autopista, cuando lo podría desarrollar un privado y a la vez estimular la economía y generar empleo.

En todo caso, dijo, será una decisión que corresponde al CIV, en el sentido de hacer una estimación de la obra y que otras consecuencias podría tener con la firma que se le adjudicó.

La votación fue 32 a favor, 50 en contra y 76 ausentes.

El diputado por Escuintla, Víctor Cruz Clavería, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), agradeció al pleno votar contra el proyecto porque, según él, la obra sería una privatización de la carretera que solo sería de beneficio para los ricos, mientras en el departamento hay personas que solo comen una vez al día.

Vitelio Lam, congresista, dijo que el proyecto afectaba no solo a Escuintla sino a otros departamentos que tienen exportaciones vía Puerto Quetzal.

El diputado Amílcar Pop indicó que este proyecto castigaba a los más pobres y que no pueden pagar un peaje diario, semanal o mensual, lo que sería grave para su situación económica.

“Durante muchos años y muchas veces nos han acusado a nosotros, a la izquierda, de estar en contra del desarrollo, y hoy hubo una huida para no discutir esta iniciativa, porque no hubo propuestas, no hubo enmiendas, el fondo del asunto es el negocio que eso implica, quién lo tiene, quién se lo lleva o quién se lo queda, y esa era la discusión que hace que quede fuera”, refirió el diputado.

Abraham Rivera, alcalde de Escuintla, señaló que desde un principio vieron con preocupación el cobro de otro peaje, debido a que el área urbana del municipio sería recargada de transporte pesado, principalmente por la Ruta 15. Agregó que la propuesta de los ediles era la construcción de por lo menos tres pasos a desnivel para desfogar el transito que no haría uso de la autopista.

“Creemos que la improbación lo vemos bien, ahora le toca al gobierno reconstruir la ruta de sur a norte, que es la que está dañada”, dijo Rivera.

Se trataba de una alianza público-privada para rehabilitar 41 kilómetros de carretera, el cual fue adjudicado en julio de 2018 y en octubre de ese año pasó al Congreso para su aval, lo cual no ocurrió hoy.

De beneficio

Esa estimación se obtiene de la distribución de canon -cobro del peaje-, según el dictamen modificado de la comisión de comunicaciones del Congreso, que establece que durante los primeros ocho años de la fase de explotación se destinará el 80 por ciento del canon, del 4 por ciento que va a recibir el Estado, y 40 por ciento del noveno año, cuando ya el Estado reciba el 41.13 por ciento.

La agencia señaló que dentro del dictamen de la sala legislativa se estableció que se exonerará a los vecinos que residen sobre la vía del 75 por ciento del peaje, aspecto que no se contemplaba en el proyecto original, y también se incluyó que el Ministerio de Comunicaciones está obligado a mantener en buenas condiciones la ruta alterna de Masagua a Puerto San José.

En este proyecto se espera que se generen mil 700 empleos durante la fase de preconstrucción y construcción y 400, en la operación.

Votaron a favor

El listado de los diputados que votaron a favor de la iniciativa

  1. Felipe Alejos
  2. Ronald Arango
  3. Jean Paul Briere
  4. Rudy Castañeda
  5. Flor de María Chajón
  6. Manuel Conde Orellana
  7. Luis Contreras
  8. Mario de León
  9. Ferdy Elías
  10. Víctor Estrada
  11. Oscar Fernández
  12. Estuardo Galdámez
  13. Oliverio García Rodas
  14. Eduardo Cruz Gómez
  15. Claude Harmelin
  16. Juan Ramón Lau
  17. Héctor Leonel Lira
  18. Ervin Admín Maldonado
  19. José Arturo Martínez
  20. Pedro Méndez Carreto
  21. Nineth Montenegro
  22. Luis Fernando Montenegro
  23. Emanuel Montúfar
  24. Ovidio Monzón
  25. Marco Antonio Orozco
  26. Juan Adriel Orozco
  27. Aníbal Rojas
  28. Nery Samayoa
  29. Edna Soto
  30. Dorian Taracena
  31. José Ubico
  32. José Rodrigo Valladares

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