La mayoría de las sanciones emitidas contra los alcaldes reflejan falta de conocimiento en la actuación pública, debido a que muchos hicieron transferencias de renglones de inversión a funcionamiento, lo cual es prohibido por la Constitución Política.
Un ejemplo de ello son los alcaldes Luis Barillas, de San Miguel Petapa, y Roberto Tocay, de Chuarrancho, quienes utilizaron fondos de inversión, como el impuesto único sobre inmuebles (IUSI), IVA Paz y situado constitucional, para funcionamiento.
En el caso de San Miguel Petapa, las transferencias se hicieron para pagar dietas a los integrantes del concejo.
El jefe edil de Quetzaltenango, Jorge Barrientos, hizo un préstamo por Q82 millones para la ejecución de varias obras de infraestructura en ese municipio. Sin embargo, el concejo aprobó la modificación de varios trabajos para priorizar otros por Q4.6 millones.
Además, existe otra querella contra Barrientos, por deficiencia en la documentación de respaldo de ingresos. Los auditores señalan que al verificar las formas oficiales 8-B, se determinó que hay recibos cuya numeración está alterada de forma manual, y registrados posteriormente en el sistema, por Q7.8 millones.
Eso puso en riesgo de menoscabo al patrimonio municipal por falta de procedimientos efectivos de control, registro y confiabilidad de los documentos de ingresos.
No acreditan descargos
Tocay y su tesorero, al entregar descargos a la Contraloría, señalaron que le giraron instrucciones a la directora de Administración Financiera para que haga un análisis y estudio para no efectuar más transferencias.
El concejo de San Miguel Petapa resolvió que se compromete a evitar y no volver a considerar esa posibilidad y no autorizar ningún otro traslado en esas condiciones.
“Por lo cual se le requiere al señor alcalde que gire instrucciones al director de Administración Financiera para que optimice la administración y el manejo del presupuesto de esta municipalidad”, señala la carta enviada al órgano fiscalizador.
La comuna de Quetzaltenango señaló que el jefe de la tesorería y otros funcionarios municipales confirman que el sistema no es confiable para el registro de los ingresos, porque permite que se registre un número diferente al documento de pago.
No obstante, lo único que no permite el sistema es que se ingrese dos veces el mismo número de documento, con lo que se evita la duplicidad en un mismo mes.
Deuda al Inde
Otra querella contra la comuna quetzalteca fue el pago de Q55.9 millones al Instituto Nacional de Electrificación (Inde) por la cancelación de energía eléctrica del 2012 por Q40.5 millones, y para el 2013, por Q25.4 millones.
La querella se presentó debido a que no existía dentro del presupuesto de egresos el pago de la deuda al Inde por esas cantidades. En ese rubro se encontraba una asignación de Q10 millones.
